Un año de prisión preventiva contra implicados en tráfico de dominicanos que fallecieron en México

La organización criminal cobraba hasta 20 mil dólares por persona traficada.
La organización criminal cobraba hasta 20 mil dólares por persona traficada.

Un tribunal de Santo Domingo Este impuso este viernes un año de prisión preventiva para los cinco hombres detenidos por su vinculación a la red de tráfico internacional que puso en ruta hacia Estados Unidos al menos a tres de los dominicanos que fallecieron en un accidente en México.

El juez Bernardo Coplín García, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso de tramitación compleja y estableció la medida de coerción, que el grupo deberá cumplir en centros penitenciarios de Santo Domingo Norte (La Victoria), San Pedro de Macorís y Baní.

El Ministerio Público acusa a Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias (El Duro), Román Alberto Casalinovo Trinidad (Guardia), Santo Francisco Vizcaíno Guerrero y a Jesús Antonio Martínez Díaz de promover, inducir y financiar el tráfico ilícito de personas, en violación de la Ley 137-03, sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.

El fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo, valoró la decisión del tribunal de Instrucción. "Fue una decisión correcta, absolutamente correcta", dijo Guzmán Leonardo a miembros de la prensa que lo entrevistaron luego de la audiencia.

Las investigaciones indican que los imputados pertenecían a la red desarticulada, que se dedicaba a traficar personas desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, a través de países como Guatemala, Panamá y México, por los cuales transportaba a los indocumentados en vehículos de carga.

Como parte de las rutas de tráfico masivo de indocumentados hacia Estados Unidos, unos 11 dominicanos murieron en un accidente vial ocurrido en la carretera de Chiapas, México.

El grupo de tratantes sometido por el Ministerio Público fue detenido durante un amplio operativo realizado de manera simultánea en Baní y San Pedro de Macorís, con allanamientos coordinados por la Procuraduría Especializada de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

La organización criminal cobraba hasta 20 mil dólares por persona traficada, por lo que sus integrantes lograron acumular suntuosas propiedades, incluyendo vehículos de alta gama.

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