En medio de la transformación y agitación política que atravesaba la República Dominicana, luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961 y el deseo de los dominicanos por recuperar la libertad y la democracia, la prensa fue censurada en todo el territorio nacional debido a una crisis política.

Por mandato de una nueva Junta Cívico-Militar todo el territorio nacional entró en censura, El Caribe fue informado de esta disposición y de la designación del señor Eudoro Sánchez y Sánchez, funcionario de la Presidencia de la República y el capitán de fragata Francisco Amiama como censores.

En ocasión de conmemorarse el 61 aniversario de esta crisis que afectó la libertad de expresión en todo país, la Zona Retro de esta semana recuerda con un reportaje especial los actos que desencadenaron una serie de acciones que llevaron a un golpe de Estado y la formación de una Junta Cívico-Militar.

El Caribe censurado

Esta disposición implicó que las informaciones que aparecieron el día 18 de enero del año 1962 fueran examinadas por los censores, el señor Eudoro Sánchez y Sánchez, funcionario de la Presidencia de la República y el capitán de fragata Francisco Amiama. Lo que explica que los espacios en blanco en dicha edición fueron informaciones suprimidas por ellos.

De igual manera, muchas personas se comunicaron vía telefónica al periódico, preguntando por que se divulgó sin editorial y cuál fue el motivo o razón por el cual no se publicó con el nombre de El Caribe, así como tampoco llevaba la frase bíblica que dice: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Debido a lo antes mencionado, el periódico El Caribe publicó una nota en respuesta a las dudas planteadas por los lectores, que decía lo siguiente:”

“Para edificar a sus lectores, El Caribe desea explicar que decidió, después que se le anunció que habría censura oficial, retirar sus editoriales y colaboraciones políticas, así como abstenerse de darles cabida mientras dure tal disposición. Igualmente este diario deja de publicar su nuevo servicio de caricatura editorial, por la misma razón”.

En esta línea, aclaró que el número de páginas publicadas en el periódico será menor al acostumbrado y que la única razón por la que se publicó fue el deseo de brindar un servicio noticioso objetivo y completo hasta donde lo permita la censura impuesta.

Sin embargo la censura fue evadida, a excepción de una cinta en el logo del periódico que decía “bajo censura” y algunas líneas en blanco, El Caribe detalló lo sucedido ese día con gran despliegue y riqueza de información.

Intervención internacional

La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado en el cual expresaba lo siguiente:
El Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Andrew Heiskell, presidente de la Junta de Directores de Time Inc. solicitó a la nueva Junta de Gobierno de la República Dominicana la derogación de la censura que ha impuesto para los despachos de prensa destinados al extranjero, “de modo que pueda restablecerse de inmediato la libertad de información”.

De manera que, Heiskell dejó saber mediante el comunicado que tenía conocimiento de que las compañías cablegráficas habían recibido la orden de solo aceptar telegramas del Gobierno para su transmisión al exterior.

En ese sentido, expresó que la censura fue impuesta después de la renuncia del presidente Joaquín Balaguer y la asunción del poder por la nueva Junta Cívico-Militar y que ante esos acontecimientos en Santo Domingo se habían producido choques sangrientos en los que unidades de la Aviación Militar mataron a varias personas.

Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos de América manifestó una gran preocupación por la formación de un Consejo Cívico-Militar en el país. Lo que los llevó a replantearse el estudio de su política en relación con la República Dominicana ya que esta está basada en la continuación de un gobierno constitucional y en una transición ininterrumpida hasta llegar a un gobierno completamente democrático.

Temen otra dictadura

Los Estados Unidos expresaron el temor de que con la formación de un Consejo Cívico-Militar se forme una nueva dictadura en la Republica Dominicana, por lo que consideraron retirar el apoyo diplomático y la ayuda económica.

La rápida acción de Washington ante lo ocurrido en el gobierno dominicano reflejó su disgusto ante la diferencia para sus tenaces esfuerzos en promover la democracia en el país del Caribe.

Causa de la censura

Un enfrentamiento bélico que se produjo en los alrededores del Parque Independencia, próximo al local de la Unión Cívica Nacional, a las 4 de la tarde, que dejó como resultado la muerte de al menos 5 personas y más de 20 heridos provocó la sensura.

Esto sucedió cuando soldados de la Aviación Militar Dominicana dispararon ráfagas de ametralladoras contra un grupo de ciudadanos desarmados que insistían en que se les respetara el derecho a la libre expresión.

Este suceso provocó gran indignación en todo el territorio nacional, que conllevó a una reacción popular de numerosos grupos de ciudadanos indignados que recorrían las calles de la capital con una actitud agresiva contra todo lo que representaba al secretario de las Fuerzas Armadas o al Presidente Balaguer.

Formación del Consejo Cívico-Militar

La noche del 16 de enero de 1962 se formó un Consejo Cívico-Militar que gobernaría el país. Esto ante la renuncia del doctor Joaquín Balaguer como Presidente de la Republica y del Consejo de Estado, y los miembros del Consejo señores licenciado Rafael F. Bonnelly, licenciado Eduardo Read Barreras, doctor Nicolás E. Pichardo y monseñor Eliseo Pérez Sánchez.

El nuevo organismo estaba constituido provisionalmente por cinco miembros, que fueron: los civiles licenciados Armado Oscar Pacheco, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barreras, y los militares contralmirante Enrique Valdés Vidaurre, de la marina de Guerra, y mayor piloto Wilfredo Medina Natalio, de la Aviación Militar.

El licenciado Humberto Bogaert, elegido presidente de la Junta Cívico-Militar proclamó al día siguiente que, ese organismo tiene como propósito “restablecer el principio de autoridad y resguarda el orden público, bases indispensables para que la nación recobre la confianza y para que todas las fuerzas vivas del país retornen, en un ambiente de seguridad, a sus actividades normales”.

Bogaert se dirigió al pueblo dominicano desde el Salón de Recibo del Palacio Nacional en horas de la tarde, y su mensaje fue transmitido por Radio Santo Domingo.

En dicho acto estaban presentes el senador Santiago Rodríguez, agrimensor Fabio F. Herrera y licenciado Bernardo Díaz hijo, subsecretarios de la Presidencia y de Finanzas, respectivamente; licenciado Néstor Contin Aybar, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo; doctor Eudoro Sánchez y Sánchez funcionario de la Presidencia y otros empleados de ese departamento, así como periodistas nacionales e internacionales.

La Secretaría de Estado explicó mediante un comunicado la ausencia del doctor Balaguer, informando que había cesado de sus funciones de Presidente de la República y del Consejo de Estado por lo que ya no se encontraba en el Palacio Nacional.

En adición a esto, las Fuerzas Armadas mediante un comunicado proclama su apoyo a la nueva Junta de Gobierno Cívico-Militar.

El elegido presidente de la Junta Cívico-Militar dirige alocución al pueblo dominicano mediante Radio Santo Domingo, desde el Salón de Recibo del Palacio Nacional.

Exilio

Dados los últimos acontecimientos, tanto el ex presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, como el secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Ramón Echavarría se vieron en la obligación de salir del país hacia el exilio.

La dirección de prensa del Consejo de Estado mediante un comunicado había informado para ese entonces, que Balaguer había obtenido un salvoconducto, concedido acogiendo la petición hecha por la Nunciatura Apostólica, donde se había asilado en medio de las protestas y revueltas. Mientras que Echavarría había sido deportado.

En este sentido, El Consejo Cívico-Militar, por su ley No. 5801, prohíbe la entrada al país a toda persona, sea nacional o extranjera, reconocida como comunista o que haya sido condenada como tal ante cualquier tribunal.

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