Seis personas, entre ellas una periodista, fueron detenidas bajo la acusación de estar supuestamente organizando secuestros de ciudadanos nacionales y extranjeros.
Con motivo de cumplirse 55 años de uno de los procesos judiciales más publicados en la prensa de principios de la década de 1970, la sección Zona Retro rememora en esta edición la detención y el juicio enfrentados por seis supuestos integrantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD) a manos de las autoridades.
Arresto de presuntos implicados
El 9 de febrero de 1971, la Policía informó a través de un comunicado escrito remitido al periódico El Caribe que seis personas fueron arrestadas e identificadas como integrantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD), de orientación comunista. Asimismo, señaló que los datos sobre la supuesta reunión fueron obtenidos a partir de informes suministrados por “grupos en pugna”.
Fueron detenidos por la Policía bajo la acusación de estar organizando secuestros contra ciudadanos nacionales y extranjeros, además de presuntamente planificar otros actos terroristas.
Los acusados fueron identificados como la periodista Aleyda Fernández Pantaleón y su hermana Eva; Carmen Santos Peña, Gerardo Antonio Taveras Taveras, José Antonio Andújar Mateo o Carlos Tomás Fernández, y Nelson Enrique Figuereo González o Vladimiro Blanco.
En este contexto, los arrestos se realizaron durante un allanamiento a la residencia de la periodista Fernández, ubicada en el tercer piso del Edificio Moya, calle Proyecto número 10, en el Ensanche Naco de la capital.
Además, trascendió que la periodista Fernández trabajaba en el vespertino Última Hora y que también conducía un programa de radio.
Objetos incautados durante el allanamiento
La Policía informó que durante el allanamiento se incautó una pistola automática con dos cargadores y 14 cápsulas; una pistola calibre 32 con su cargador y nueve cápsulas; así como un revólver calibre 38 con 12 cápsulas.
Asimismo, señaló que fueron ocupadas dos granadas de fragmentación, cuatro detonantes para explosivos plásticos de tiempo y una mecha lenta destinada a detonar explosivos convencionales.
El camino del expediente hacia los tribunales
El mayor general Enrique Pérez y Pérez, jefe de la Policía Nacional, explicó que el caso estaba siendo investigado por el departamento secreto. Indicó que, debido a ello, el grupo no sería puesto a disposición de la justicia. Con esta declaración respondió a las interrogantes sobre por qué los detenidos no fueron presentados ante los tribunales dentro del plazo legal de 48 horas establecido por la ley.
En ese mismo sentido, indicó que, aunque no habían sido puestos a disposición de la justicia dentro del plazo establecido por la ley, estaban recibiendo un “trato especial” y que los investigadores trabajaban con rapidez en la preparación del expediente para remitirlo a los tribunales. Sin embargo, no precisó en qué consistía dicho “trato especial”.
Imputaciones que desataron la polémica
La institución señaló al grupo como integrantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD), de orientación comunista.
Asimismo, les atribuyó la presunta planificación del secuestro de un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, así como de altos representantes de distintas embajadas acreditadas en el país, de un alto funcionario del Gobierno o de hijos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
De igual manera, se les acusó de proyectar el secuestro de dirigentes del Partido Quisqueyano Demócrata (PQD), del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo) y del Movimiento de Conciliación Nacional (MCN).
Una vez concluida la primera fase de la investigación, el expediente fue remitido al procurador fiscal del Distrito Nacional y los detenidos trasladados al penal de La Victoria.
De acuerdo con el documento entregado al Ministerio Público, al grupo se le imputaban cargos por porte y tenencia ilegal de armas de fuego, así como por la presunta violación de las leyes 6, 70 y 71 relativas a actividades comunistas. También se les acusaba de infringir el artículo 435, modificado por la Ley 488, referente al porte y posesión de explosivos, y la Ley 36, reformada por la 589, sobre porte y tenencia de armas de guerra.
Acusados desmienten señalamientos y cuestionan versión oficial
Sosteniendo que era víctima de una injusticia, la periodista Aleyda Fernández negó las acusaciones formuladas por la Policía en su contra y en la de su hermana Eva, calificándolas de “monstruosas”.
Momentos antes de comparecer, junto a su hermana Eva, ante la jueza de instrucción de la Tercera Circunscripción del Distrito, la redactora del vespertino Última Hora ofreció declaraciones a la prensa.
Al aludir a los señalamientos formulados por la Policía, expresó que “si existen personas o grupos de poder en nuestro país que buscan sembrar odio en mi corazón, no lo conseguirán”.
De igual manera, tanto ella como su hermana negaron ser integrantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD), tal como sostenía la Policía en el expediente.
En relación con los objetos incautados durante el allanamiento en su vivienda, explicó que el revólver pertenecía a su padre, el señor Campos Fernández, quien había fallecido tres años antes. Agregó que el arma fue ocupada por la Policía sin cápsulas.
Además, como consecuencia de varios incidentes ocasionados por un oficial de la Policía y otros miembros de ese cuerpo, el juicio tuvo que ser pospuesto. El proceso, que se llevaba a cabo en la Segunda Cámara Penal del Distrito, comenzó a las 10:00 de la mañana y fue suspendido tres horas y media más tarde, sin que el primer testigo concluyera su declaración.
La audiencia se interrumpió luego de que la defensa presentara una protesta ante el tribunal, debido a que el segundo teniente Rafael Navarro Guzmán se negó a responder las preguntas formuladas y por la intervención indebida de algunos agentes policiales durante el desarrollo del juicio.
Asimismo, desde el inicio de la audiencia, los abogados de la defensa —que superaban el centenar— manifestaron ante el juez su inconformidad por lo que describieron como una “actitud agresiva” por parte de los agentes policiales hacia los propios abogados, periodistas y demás personas que asistieron al proceso.
Reacciones
De acuerdo con declaraciones de tres dirigentes del Movimiento de Integración Democrática (MIDA), el arresto de la periodista respondía a un supuesto plan gubernamental orientado a intimidar a distintos sectores de la sociedad dominicana.
La postura fue expresada por el vicepresidente de esa organización, Guarionex Lluberes Montás, así como por los diputados Luis Manuel Campillo Porro y Federico B. Mateo.
