Casi dos años después del brutal asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, la nación continuaba la lucha por obtener justicia y esclarecer los hechos en torno al horrendo hecho que también cobró la vida de su chofer
Con motivo de la llegada del mes de agosto, que en 1962 trajo consigo una primera semana cargada de angustia social, clamor por justicia y anhelos de verdad, Zona Retro comparte detalles e informaciones reveladas en las páginas de la prensa sobre el juicio que buscaba castigar a los responsables de un crimen que dejó una profunda huella en la historia del país y del mundo.
Relatos periodísticos de la época señalan que, durante el desarrollo del juicio, se registraron enfrentamientos entre las partes, surgieron nuevos implicados y salieron a la luz acusaciones adicionales.
Incidentes durante el proceso
En el transcurso de una audiencia del juicio seguido a los acusados del asesinato de las hermanas Mirabal y su chofer Rufino de la Cruz, se generó un tenso incidente cuando un testigo de la parte civil rindió declaración en contra del abogado defensor.
El testigo Ulpiano Córdova afirmó haber sido objeto de amenazas, al igual que otro declarante, presuntamente por parte del abogado defensor. La audiencia tuvo lugar en la Cámara Penal con Jurisdicción Nacional, bajo la presidencia del licenciado Osvaldo B. Soto, quien estuvo asistido por su secretario.
En ese contexto, la parte civil fue representada por los doctores Ramón Pina Acevedo y Martínez, Francisco Carvajal Martínez, Antonio Guzmán y Miguel Arcángel Vásquez Fernández. Por su parte, el doctor Héctor Barón Goico asumió la representación del Consejo de la Defensa.
También fueron procesados como cómplices en el caso Víctor Alicinio Peña Rivera, excapitán del Servicio de Inteligencia y comandante del departamento Norte; junto a Silvio Antonio Gómez Santana, Viterbo Álvarez (conocido como Pechito), Pedro Peña Ortiz, Síndito Almonte y David Olivero.
Esa correspondió a la séptima audiencia y se llevó a cabo a las 11:50 de la mañana, con la declaración del testigo Mateo Valerio Beras, quien en ese entonces se desempeñaba como, cabo jefe del destacamento de La Cumbre, zona próxima al lugar donde fueron hallados los cuerpos sin vida de las hermanas Mirabal y su chofer.
Nuevos nombres
Durante el proceso seguido a los acusados, salieron a relucir los nombres de un exgeneral del Ejército Nacional y de un piloto de la Fuerza Aérea Dominicana.
Manuel Tavárez Justo, viudo de Minerva Mirabal, declaró que, según le informaron, el día del crimen, 25 de noviembre de 1960, se observó la presencia en la ciudad de Puerto Plata del exgeneral Agustín Pluyer Trujillo y del coronel piloto Luis A. Beauchamps.
El doctor Tavárez Justo prestó nuevamente declaración a petición del doctor Antonio Guzmán, abogado de la parte civil, luego de haberse leído en sala la declaración de un testigo ausente en el proceso.
La audiencia inició con la deposición de Pedro Antonio González, a quien no se le tomó juramento por haber sido esposo de la señora Patria Mirabal, una de las víctimas del régimen dictatorial.
Declaró que fue encarcelado el 22 de enero de 1960, acusado de participar en actividades clandestinas contra el régimen de Trujillo.
Señaló que, al momento de enterarse de la tragedia, se encontraba detenido en la prisión de La 40, donde el capitán Del Villar le mostró a él y a sus compañeros, Manuel Tavárez Justo y el ingeniero Leandro Guzmán, un ejemplar de un periódico que narraba el supuesto “accidente” en el que fallecieron las hermanas Mirabal y su chofer.
En ese mismo contexto, indicó que durante su tiempo en prisión, el Estado dominicano le confiscó todos sus bienes, los cuales fueron entregados al entonces capitán Víctor Alicinio Peña Rivera, jefe del Servicio de Inteligencia Militar.
Afirmó que tanto su finca como otras propiedades fueron tomadas por Peña Rivera, incluso antes del asesinato de las hermanas Mirabal. Según dijo, Peña Rivera justificó la posesión alegando que las había adquirido en una subasta por la suma de 20,000 pesos.
Peña Rivera dice…
Peña Rivera sostuvo, en medio de fuertes abucheos por parte del público presente, que los bienes de González fueron incautados por el Estado a través de una sentencia judicial, y que su subasta fue anunciada en repetidas ocasiones en los periódicos nacionales.
En ese contexto, expresó que consideraba que el país atravesaba un momento en el que prevalecía “la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza”, y aseguró que la verdad es única y, tarde o temprano, saldría a la luz.
Alejandro Lavandier, uno de los detenidos el 2 de junio de 1960 en la sección de Arenoso, relató que fue trasladado junto a sus compañeros a la fortaleza de San Francisco de Macorís, donde fue interrogado por Peña Rivera en compañía de otros militares. Según su testimonio, al igual que los demás testigos de Arenoso, Peña Rivera les advirtió que “él, con total responsabilidad, les haría lo mismo que les hizo a las Mirabal”.
El imputado Alfonso Cruz Valerio también rechazó las afirmaciones de Lavandier. No obstante, posteriormente, el comerciante de Arenoso Julio César Abreu rindió testimonio y acusó a Peña Rivera en los mismos términos.
La voz de los ausentes
Tras un receso, se procedió a la lectura de las declaraciones de varios testigos ausentes, realizadas en un juzgado de instrucción en Santiago. Entre ellas, se leyó la del doctor Pedro F. Nicasio Checo, quien había intervenido como médico legista en el caso.
El doctor Valera Benítez señaló que la versión más reciente del doctor Nicasio Checo, redactada un año después del incidente y varios meses tras la muerte de Trujillo, contradecía el certificado médico que este último había emitido durante la época del régimen dictatorial.
Valera afirmó que dicho certificado médico fue manipulado por la maquinaria del régimen trujillista de entonces, y que las declaraciones recientes del doctor Nicasio contradicen las “conclusiones prefabricadas” presentadas en ese certificado sobre la muerte de las hermanas Mirabal y su chofer de la Cruz.
