La Constitución y la ley 41-08 de Función Pública consagran la igualdad de acceso a la función pública, derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la misma sin otro criterio que el mérito personal y sin discriminación de género, discapacidad o de otra índole. El concurso (procedimiento de selección para cubrir un puesto de trabajo que se adjudica en vista de los méritos o condiciones personales y profesionales de los aspirantes), contribuye instrumentalmente a ese objetivo; sin embargo frecuentemente en nuestro país no resulta solución sino problema. Unas veces, porque los que pierden, resentidos, desacreditan el concurso; otras, porque son inescrupulosamente amañados. Otro magno embrollo nuestro, la degradación de concursos públicos y deslegitimación aparejada.

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