Los legisladores establecieron una proporción de los ingresos presupuestales para los partidos políticos. No es el único caso así; hay una larga lista de instituciones, dependencias y agencias que tienen asignado por ley un porciento de los ingresos. Esas leyes fueron votadas de modo arbitrario, populista, sin considerar la disponibilidad de esos fondos. De cumplirse todas, a los gobiernos les quedaría prácticamente nada. Así, esas normativas son sistemáticamente incumplidas. Año tras año se soslaya la obligación legal de entregar esos fondos mediante subterfugios legales en el presupuesto. El 4% para la educación estaba en esa misma línea, hasta lanzarnos a las calles a reclamar su cumplimiento, pero ¿seguirá siendo sostenible?

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