“Se cayó un techo, pero no puede caerse la justicia”. La frase la pronunció el padre de uno de los fallecidos y tiene más fuerza que muchas declaraciones jurídicas. Resume el conflicto que atraviesa el país desde aquella noche: una tragedia con cientos de víctimas y una sociedad que intenta entender qué ocurrió y quién debe responder.
La decisión de enviar el caso a juicio era esperada. También lo era el desacuerdo. Cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, las familias suelen sentir que ninguna respuesta judicial alcanza. La ley trabaja con expedientes, pruebas y procedimientos. El dolor trabaja con ausencias. Ambos recorren caminos distintos y pocas veces avanzan a la misma velocidad.
Algunas víctimas consideran insuficiente la calificación jurídica adoptada por el tribunal. Entienden que hubo advertencias, señales y circunstancias que debieron impedir el desenlace. Quieren que esa discusión tenga un alcance mayor. Del otro lado, la justicia está obligada a sostener cada acusación con evidencias capaces de resistir un juicio. No basta con la indignación pública. Tampoco basta con la gravedad de las consecuencias.
Existe una tentación frecuente en casos de gran impacto: convertir la audiencia preliminar en una sentencia anticipada. Sin embargo, esa etapa tiene otro propósito. El juez no determina culpabilidades definitivas. Decide si hay elementos suficientes para que el proceso continúe. Y eso fue precisamente lo que ocurrió.
La sociedad dominicana observa este caso con una atención poco habitual. No solo por la cantidad de fallecidos. También porque muchos ciudadanos se preguntan cuántas veces se ignoran advertencias hasta que sucede una desgracia. La pregunta trasciende un expediente. Toca la relación entre responsabilidad, supervisión y consecuencias.
Ahora comienza la fase más importante. Allí se escucharán peritos, testimonios y argumentos. Allí se examinarán decisiones, omisiones y advertencias. Allí se pondrá a prueba la consistencia de las acusaciones y de las defensas.
La justicia no puede devolver a quienes murieron. Tampoco puede reparar completamente el vacío de quienes quedaron atrás. Lo que sí puede hacer es ofrecer una respuesta basada en hechos demostrados.
Para las familias, eso quizá no sea suficiente. Para un Estado de derecho, es la única forma legítima de llegar a una conclusión.
Demuéstrame lo contrario…
