Hay quienes dicen que la política y la administración pública en Latinoamérica y el Caribe tienen mucho de drama de telenovela. Esa misma gente opina que mientras más aburrida es una gestión pública, mejor salud administrativa posee. En nuestro país estamos en medio de una novela al viejo estilo de Televisa, en la que la muchacha pobre es el sistema de salud.
En las últimas semanas, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha encabezado los principales titulares del país (ni una sola vez ha sido por una buena noticia). Desde que, a mediados de junio, se destapara el déficit de más de 3,700 millones de pesos en el régimen subsidiado, Senasa ha ido de mal en peor.
Poco después se conoció que la morosidad en los pagos a clínicas y médicos había saltado a casi un 46%, cuando en 2020 era menor del 1%. La denuncia de que existía un fraude con procedimientos médicos inexistentes, autorizados a través de un centro de llamadas paralelo, confirmó la magnitud del problema.
En julio la Procuraduría lanzó la Operación Lobo y catorce personas fueron arrestadas por sobornos ligados a contratos. En agosto, la Dirección de Contrataciones Públicas anuló un acuerdo con la empresa Farmacard por violaciones a la Ley 340-06. Ese mismo mes, el presidente Abinader destituyó al director Santiago Hazim y nombró a Edward Guzmán. En septiembre, el nuevo titular y la Sisalril entregaron un informe formal a la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público ya investiga las irregularidades y se ha anunciado una auditoría forense sobre las operaciones de Senasa entre 2018 y 2024.
Senasa es la aseguradora más grande del país, con más de 7.6 millones de afiliados en 2025, alrededor del 70% de la población. Dentro de ese universo, 5.7 millones corresponden al régimen subsidiado, es decir, la población más vulnerable. Allí están incluidas miles de personas con discapacidad y sus familias. Para quienes viven con una discapacidad, la cobertura de Senasa subsidiado ha significado el acceso a prótesis, medicamentos y terapias que en cualquier otra ARS resultan imposibles de conseguir. De hecho, estudios pasados muestran que más del 60% de la población con discapacidad afiliada al seguro de salud está en Senasa.
La cuestión es que, cuando una entidad tiene un mecanismo que funciona y este es secuestrado por la corrupción, la población más golpeada es la que tiene mayor vulnerabilidad. Si en diciembre de 2020 fue un logro histórico alcanzar una cobertura mayúscula en el seguro, los hechos vergonzosos que vemos hoy, que involucran a todo tipo de empresas y transacciones turbias, requieren mucho más allá del golpe de efecto o la indignación de redes.
El Gobierno ya transfirió 6,000 millones de pesos extraordinarios para cubrir el déficit y garantizar los servicios, pero las investigaciones apuntan a un desfalco que supera los 41 millones de pesos en fraudes.
Así, el régimen subsidiado, que debía costar menos de lo que aporta el Estado, acumula pérdidas superiores a 2,300 millones de pesos al año. El problema es estructural. Los subsidios representan más del 31% del gasto de servicios, mientras que los ingresos del contributivo cubren el 63%.
Expertos han calculado que un aumento de la cápita de 1,683 a 1,983 pesos por afiliado mensual podría generar 6,180 millones adicionales al año, y eliminar casi todo el déficit. Sin embargo, sin controles administrativos y sin transparencia, cualquier incremento se convertiría en más fondos disponibles para el despilfarro.
A este escenario se suma la presión de los gremios médicos y de las clínicas privadas. Los retrasos en pagos afectan a más de 50 mil profesionales de la salud y amenazan con provocar cierres o suspensiones de servicios. Para el ciudadano común, esto significa más trabas para conseguir una cita, más espera para recibir medicamentos y más incertidumbre sobre el futuro de su seguro.
El debate público se divide entre quienes defienden a Senasa como conquista social y quienes lo acusan de haberse convertido en un barril sin fondo. Ciertos sectores políticos sostienen que la inclusión masiva de 2 millones de afiliados en 2020 fue un acto populista que sembró la semilla de la crisis actual. Pero, esta postura suena más a libertarianismo sin fundamento que a interés real por el desarrollo.
En las telenovelas, la muchacha pobre cuenta con un golpe de suerte que la convierte en rica. En el drama actual, solo quisiera que Senasa sea una institución aburrida, poco interesante y en la que nunca pase nada; porque eso significaría que es estable y que todo marcha como debiera.
Más de opiniones
Más leídas de opiniones
Las Más leídas
