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En esta semana la sociedad dominicana fue impactada por dos hechos sobrecogedores: el asesinato en Santiago del niño Donelly Martínez y la muerte en Higüey, probablemente por un aborto, de la adolescente Esmeralda Richiez.
Por macabras coincidencias, el deceso de Esmeralda se produce casi simultáneamente con la aprobación en el Senado de un Código Penal que excluye tres causales para la interrupción del embarazo, así que si la adolescente hubiera sobrevivido en vez de encontrar protección en la sociedad hubiera ido a prisión por uno a dos años.
En el caso de Esmeralda confluyen múltiples factores que desnudan a una sociedad muy mal encaminada.
Habrá que ponderar, cuando pase el impacto emocional y el momento aciago que viven las familias involucradas, el vínculo profesor-alumno en la escuela y fuera de ella; también la educación sexual, para que al menos conozcan sus cuerpos, y la relación padres-hijos, porque esa jovencita no tuvo siquiera la confianza ni fuerza para decirles a sus progenitores que se moría, cuando sabía que se estaba muriendo.
Y ni decir de las amiguitas, para mayor gravedad todas menores, en particular la que no se atrevió a avisar de la tragedia que se avecinaba, imaginamos que por los mismos tabúes que paralizaron a Esmeralda.
Son muchas culpas por repartir, sin obviar la permisividad y los niveles de exposición de niñas en redes sociales, casi siempre con poses sugerentes y mucho morbo.
Pero a los fines de este escrito, nos detendremos en la aprobación del código penal sin las causales, porque desenmascara el rostro hipócrita de una parte de la sociedad dominicana, y muestra la preeminencia de ideas conservadoras que intentan ocultar las profundas raíces sociales que median a un fenómeno de salud pública que afecta desproporcionadamente a las mujeres más pobres.
Con las tres excepciones (peligro para la vida de la madre, un embarazo por violación, incesto o malformaciones), al legislador no se le pidió nada de lo que pudiera avergonzarse, y por lo menos hubiera dejado satisfecha a la sociedad, al médico y a la mujer.
Quizá en la Cámara Baja se dignen a dar la cara ante la realidad y ante la ciencia, y no traten de quedar bien con Dios y con el Diablo con la incierta promesa de una ley especial.
Una última esperanza sería que el presidente Abinader vete esa ley y cumpla la promesa que hizo en la campaña electoral.
