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En su afán para que el Estado dominicano se comprometa a difundir la Constitución y que, inclusive, sea parte del currículum del Sistema Educativo, el Tribunal Constitucional ha dado un paso trascendental para la enseñanza de la Carta Magna, lo que es como si se dijera educar en democracia, con la aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación Superior de impartirla en las universidades.
Con la decisión unánime adoptada el pasado jueves durante la tercera sesión ordinaria del Consejo, se cumple un mandato de la propia Carta Magna (artículo 63.13) que hace obligatoria su enseñanza en todas las instituciones educativas públicas y privadas.
Como gesto simbólico, la votación para asumirla se hizo en presencia del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, a instancia de José Hazim Torres, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU).
Es una decisión de contenido profundamente nacional, que ayudará a construir ciudadanía de la mejor manera posible, al dotar a los futuros profesionales del conocimiento, a partir de reconocer sus derechos y deberes, de los fundamentos del ordenamiento constitucional dominicano, la formación social y cívica, los valores patrios y la convivencia pacífica en sociedad.
Esperamos que no ocurra como en el nivel preuniversitario, que se firmaron tres infructuosos acuerdos de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Educación en 2012, 2016 y 2020, pese a que la alta corte tiene una propuesta para la versión escolar de la Constitución dominicana, así como guías docentes para orientar a los maestros sobre cómo transmitirla desde el aula y mediante contenidos curriculares de cada materia.
En el país la enseñanza de la Constitución figura como precedente legislativo en la ley núm. 76 de 1846, sobre la instrucción pública, que en su artículo 8 dispone: “En todas las escuelas primarias se enseñará a leer, escribir, las cuatro simples reglas fundamentales de aritmética, el catecismo de la doctrina cristiana, y la Constitución de la República”.
“No existe revolución educativa sin una formación ciudadana en materia de derechos y deberes”, sostuvo recientemente el presidente del TC.
Difundir la Carta Magna debiera ser un compromiso tácito en todos los niveles de enseñanza, pero si un acuerdo refuerza esa misión, esperamos que el reciente con las universidades ayude a formar mejores ciudadanos en el futuro inmediato.
