Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo
Especial para elCaribe
EEn días pasados la sociedad dominicana fue testigo de dos episodios de violencia que, ampliamente difundidos por los medios y las redes sociales, generaron una legítima indignación colectiva, junto a un profundo sentimiento de impotencia y consternación social. Ambos hechos, aunque ocurrieron en ciudades distintas, se desarrollaron en entornos cargados de un alto valor simbólico para la vida democrática: los Palacios de Justicia.
Estos acontecimientos configuran una radiografía inquietante del nivel de agresividad que muestra nuestra sociedad. Al mismo tiempo, subrayan la urgencia de articular un plan nacional orientado a construir una verdadera cultura de paz, sustentada en el respeto, la empatía y la convivencia democrática.
El asalto a la protección estatal
El primero de estos hechos tuvo lugar en la ciudad de Santiago, donde una turba integrada por motoconchistas persiguió al conductor de un camión recolector de basura. Ante el peligro inminente para su integridad, el chofer del camión intentó refugiarse, como quien busca justicia y lastimosamente fue herido brutalmente en el estacionamiento de esa sede judicial, perdiendo la vida posteriormente.
Este suceso no solo estremece por su desenlace, sino que obliga a una reflexión profunda sobre el rol ciudadano y de quienes ejercemos funciones públicas. Proteger la vida no es una opción, ni un gesto de buena voluntad, es simplemente el llamado de todos a proteger el derecho fundamental más preciado.
Cuando un ciudadano acude a un tribunal o destacamento, suele hacerlo tras haber agotado otras vías de solución; allí, la justicia representa el último espacio donde persiste la esperanza de una respuesta institucional.
Por ello, nuestro accionar como servidores públicos del sector justicia debe siempre estar guiado por la empatía, la calidad y la oportunidad en el servicio.
La erosión de los espacios sagrados
Normalizar el irrespeto hacia estos lugares equivale a erosionar las bases de la convivencia democrática. Como sociedad, estamos llamados a rechazar sin ambigüedades cualquier conducta que atente contra espacios que representan orden, institucionalidad y cohesión social, como los tribunales, los destacamentos policiales, las iglesias o las escuelas.
Asimismo, resulta imprescindible reflexionar sobre la facilidad con la que reaccionamos de forma impulsiva ante relatos fragmentados de la realidad. Dejarnos arrastrar por la emoción del momento puede conducirnos a asumir posturas o a repetir consignas que contradicen nuestros propios valores, tal como ocurrió con los agresores del chofer, quienes, llevados por la exaltación colectiva, incitaban abiertamente a la violencia.
Responsabilidad al comunicar
El segundo episodio ocurrió en los jardines del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde un comunicador agredió físicamente a una persona vinculada a un proceso judicial, únicamente por disentir de sus planteamientos. Una vez más, se vulneró el respeto debido a un espacio que simboliza justicia y orden democrático. Este hecho constituye un ejemplo claro de lo que no debe ser el ejercicio responsable de la comunicación social. Los medios y sus actores están llamados a informar y orientar, no a personalizar la noticia ni a incitar a la violencia. Es que, en una sociedad altamente conectada como la nuestra, la gravedad de estos hechos se acentúa, cuando tomamos en cuenta el alcance, la inmediatez y el impacto que tiene la comunicación de hoy.
Una responsabilidad compartida
En definitiva, estos dos acontecimientos deben ser asumidos como una oportunidad para la reflexión colectiva. Respetar las instituciones que sostienen la vida democrática y comprender que los símbolos de una sociedad deben ser protegidos, es una responsabilidad compartida. Motoristas, comunicadores, abogados, jueces, policías, fiscales y la ciudadanía en general estamos llamados a cumplir nuestro rol en la construcción de una sociedad más justa, pacífica y respetuosa del orden institucional.
