La de mañana es una fecha gloriosa para el movimiento obrero mundial, pero en República Dominicana ha perdido significación y solo alcanza para tímidos actos de sindicatos que ya no tienen sustancia real entre los asalariados.
En el país es ínfima la cantidad de trabajadores sindicalizados mientras el mayor empleador, el Estado, lo prohíbe, y son contadas las empresas con pactos colectivos, además de que constituyen una gran conspiración contra la organización sindical los nuevos tiempos, la economía de servicio, el desarrollo de la tecnología, el teletrabajo, la proliferación de la informalidad y otros modelos de la organización de las empresas.
Para más desamparo de la “clase obrera” dominicana, los “dirigentes” sindicales son los mismos de los años 70 y 80 del siglo pasado, pero ahora más burocratizados y desfasados.
En el papel, en República Dominicana está consagrada la libertad sindical, pero en los hechos es discutible, aunque la garantiza el Código Laboral y el país es signatario de convenios (87 y 98) de la Organización Internacional del Trabajo.
El empleado no tiene el libre albedrío de asociarse dentro de las empresas, con todo y que nuestra Constitución (artículos 47 y 62) establece la libertad de asociación.
Incluso, el obrero no tiene representación real y autorizada; no hay sindicatos que incidan en la agenda nacional y los que se autoerigen dirigentes solo activan en reuniones de instituciones en las que juegan roles de funcionarios o burócratas.
Así recibe el trabajador este primero de mayo, pero con el consuelo de que empieza a salir de la pesadilla que ha significado la pandemia cuando a nivel global más de 200 millones quedaron sin empleo, pero en nuestro país, dijo el jueves el ministro de Economía, todos los puestos de trabajo que se perdieron fueron recuperados y hasta se crearon más.
La fecha es ideal para abogar por que se avance en la modificación del Código Laboral de 1992 y de la ley de Seguridad Social, por mejoras en las condiciones de vida de todos los trabajadores, por libertad sindical y una legislación que asegure un retiro en condiciones dignas.
