La situación generada en torno a la derrumbada ley 28-01 refleja claramente que el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no desean que la misma continúe vigente en los términos conocidos.
Resultó muy curiosa la declaración del primer ciudadano de la Nación el pasado lunes, a horas avanzadas de la noche, la cual, bien leída, indica que no desea la simple y llana ratificación de esa ley.
Reafirma sus convicciones acerca de un justo desarrollo de la zona fronteriza, mediante la reducción de la desigualdad territorial en materia de desarrollo económico y social, pero prefiere un rol de “mediación”.
Apoya que las exenciones e incentivos fiscales de las empresas que se acogieron al régimen de la Ley mantengan en vigencia todas las facilidades hasta agotar el período de veinte años de su clasificación. Pero “el compromiso con el régimen de exenciones de la Ley”, lo concibe “ajustado a mecanismos de mayor control y como parte de un modelo integral de desarrollo fronterizo que contemple políticas públicas de orientación social”.
Fijada la posición, aceptó un inusual llamado del presidente de la Cámara de Diputados, para que ejerza una mediación en el conflicto: “Acojo el llamado para arbitrar entre las partes interesadas el proceso de consenso para elaborar una propuesta de Ley que cree un instrumento de desarrollo robusto y bien estructurado para producir el resultado deseado en términos de inversión y empleo”.
Asimismo, en consonancia con el Presidente, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo reiteró “el apoyo irrestricto del Gobierno” a la Ley 28-01, pero observó que “tiene que estar claro que ninguna ley de incentivo puede ser un cheque en blanco para cualquier instancia, ha sido una práctica equivocada… hay que tener un mecanismo de evaluación para garantizar el impacto y corregir las desviaciones si es que las hay…”.
El comportamiento de los legisladores del PRM es comprensible: se tiran la pelota, como si no hubiese un liderazgo. Muy curioso.
Todo eso sugiere que el gobierno no auspicia la continuidad del modelo de la ley 28-01. Tiene que ver con la fiscalidad y también con los intereses de grupos de poder.
