El ministro de Salud informó ayer el aplazamiento de la coordinación de un plan multisectorial para contener la COVID-19 en el Distrito Nacional, bajo el argumento de que la alcaldía de la Capital, como las demás del Gran Santo Domingo, está concentrada en mitigar el siniestro desatado en el vertedero de Duquesa.
Las labores contra el fuego están bajo el comando del gobierno nacional, a través de Obras Públicas. Desde el punto de vista formal, la segunda competencia, por el territorio donde está ubicado, es de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Resulta extraño que se arguya esa razón para postergar la necesaria acción coordinada para reducir el impacto de la pandemia en la Capital.
La respuesta del ministro Rafael Sánchez Cárdenas hay que relacionarla a una persistente actitud del poder central de resistir la colaboración de terceros en los trabajos contra el coronavirus. Aunque ha permitido la formación de algunos comités locales, ha rehuido integrar a los demás actores, especialmente al Colegio Médico Dominicano (CMD).
Esta apreciación no se puede ver al margen de la eficiencia gubernamental para crear los programas de asistencia a los más deprimidos y a los trabajadores de medianas y pequeñas empresas suspendidos. Pero esa eficiencia no se ha reflejado en la política de prevención de los casos del coronavirus.
En el tardío inicio de la campaña contra la COVID-19, la realización de una prueba se convirtió en un privilegio de unos pocos. Todavía ayer, el ministro debió reconocer la pobre cantidad de pruebas realizadas y lo justificó en el retraso de la entrega de los insumos de parte de los suplidores. Ni siquiera pudo el gobierno impulsar una línea de producción local masiva de mascarillas y gel desinfectante, pese a que existe la capacidad instalada. Por el contrario, la falta de esos materiales fue instrumentalizada políticamente.
Aún no se avizora cuándo empezará a aplanarse la curva de comportamiento de la COVID-19, y crece la presión de los sectores que ven amenazadas sus empresas o pequeños negocios con la paralización. Algunos cuestionan los criterios que predominaron para decidir qué sector cerraba y cuál se quedaba abierto, al margen de las líneas de producción y servicios para la sobrevivencia de la población.
El gobierno debe revisar críticamente su proceder en esta crisis.
