Hace exactamente tres meses que el Gobierno presentó por todo lo alto su Estrategia de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, que ha venido dando algunos frutos.
Empero, en este momento la respuesta automática de la población es que la delincuencia está acabando y que la inseguridad campea.

Es una percepción instalada en la conciencia ciudadana por los recientes hechos delictivos, la misma que invocaban las autoridades policiales y del Ministerio de Interior del anterior gobierno y desataba burlas.

Esa sensación de inseguridad ha echado momentáneamente por la borda el plan estratégico gubernamental, que no se centra únicamente en prevenir la criminalidad o aplicar medios represivos contra los delincuentes, sino en erradicar a fondo el delito.

Para eso incluye planes de acción social e inversión pública, charlas y el entrenamiento de jóvenes de las comunidades como policías auxiliares, entre otros aspectos.

Este plan que el presidente Luis Abinader califica de integral, moderno, eficaz y multidisciplinario, exhibe entre sus logros la recuperación de armas de fuego, el registro de motocicletas y la reducción a su mínima expresión de la violencia y la criminalidad en los barrios piloto.

Se necesita tiempo para que este plan cuaje, y no se puede quitar crédito a las cifras oficiales, como aquella de que las muertes por hechos violentos y delincuenciales son menos en los primeros ocho meses de este año que en igual período del pasado.

No sería esta la primera vez que la delincuencia alcanza “picos” que perturban, ni tampoco la última que ante el repunte obligue a urgentes medidas coyunturales disuasivas que hagan olvidar el enfoque estratégico.

Ahí está parte del peligro, y acaso sea esa la razón por la que en cada nuevo gobierno hay un plan integral de seguridad ciudadana diferente al del anterior y sin que, lo que todavía es más negativo, se incorpore siquiera “alguito” de lo que ya había.

De lo que no hay duda, y al Gobierno debiera preocuparle, es que la percepción de inseguridad ha ganado la calle; si las autoridades pierden credibilidad el riesgo es que la población desconfíe y no colabore con los planes oficiales y por el contrario quiera tomar justicia por mano propia.

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