En mayo del año pasado, en medio de la pandemia, el país vivió un doloroso cuadro de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas. No menos de 136 personas habían fallecido para entonces, según un conteo del Ministerio Salud Pública, a cargo de Rafael Sánchez Cárdenas, quien reveló que otras 216 personas estaban en condiciones delicadas y bajo estudio otros 80 ciudadanos con cuadros similares.
Entonces fue lanzado un operativo en el que participaron la Policía y el Ministerio Público, tras los traficantes o fabricantes de bebidas que no llenan los requisitos mínimos para el consumo humano.
Aunque el operativo fue de “amplio alcance”, no fueron establecidas responsabilidades. Al menos, algunas fábricas artesanales ilegales fueron descubiertas, pero no pasó de ahí.
Ahora estamos otra vez ante la triste realidad de las intoxicaciones alcohólicas, incluso, el consumo de una bebida con “identidad”, sin ningún registro sanitario.
¿Cómo ocurre todo eso? Es evidente que quienes tienen la responsabilidad de llevar la investigación de los delitos y crímenes, se desentendieron de lo vivido el año pasado, no hubo seguimiento, y los violadores volvieron por sus fueros. Con el incremento del consumo de alcohol durante la Semana Mayor, que es una realidad, los traficantes de bebidas adulteradas o fabricadas al margen de las normas sanitarias, invadieron los colmados en varios sectores.
En medio de nuevos casos, igual se anuncian “operativos”. Pro Consumidor “inspecciona” colmados, y otras autoridades “inician” investigaciones.
Los llamados a perseguir estas actividades criminales no cumplen sus obligaciones, sean las autoridades de Salud Pública, la Policía o el Ministerio Público.
La gente que busca ese tipo de bebidas, sigue abandonada a su suerte. A nadie le duele que la gente muera consumiendo un producto que no debía estar a la venta. Este es otro tipo de abandono que sufre la sociedad, y se compadece con el discurso del sacerdote Joel Villafaña Nicolás en el Sermón de las 7 Palabras.
