La elección para el TC

    Terminó ayer el período de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes al Tribunal Constitucional. Los miembros de ese organismo cumplieron el rol que el reglamento establece y llenaron los rigores de la formalidad.

    Vistas algunas de las preguntas y respuestas, de contenido político, migratorio, violencia de género o sobre el sistema judicial, por momentos hizo pensar que se trataba de un entretenimiento, a plena conciencia de los resultados esperados.

    La composición del CNM permite prever esos resultados. Los miembros son una expresión de los resultados de las elecciones de 2016, que determinaron una correlación de fuerzas, que se refleja en la composición del Congreso Nacional, cuyos representantes, junto al Ejecutivo, el procurador general de la República, y los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), difícilmente obrarán en desmedro de conveniencias estratégicas.

    En esta coyuntura, la sociedad civil y las fuerzas políticas opositoras representadas, y los demás sectores, no recurrieron a la presión que en circunstancias parecidas ejercieron en determinada dirección, como ocurrió con la selección los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y sus suplentes.

    Todo eso, al margen de que la elección de cuatro jueces del TC ocurre en medio del debate originado por la vigésima disposición transitoria de la Constitución, después del rechazo de la instancia que buscaba declararla como inconstitucional.

    La elección de los nuevos miembros del TC es vista por algunos como una oportunidad del presidente de la República para acentuar su impronta en el poder, y en efecto, han sugerido desechar cualquier prurito y obrar convenientemente a su interés político.

    La realidad es que el presidente Danilo Medina está en capacidad de hacerlo. Para comprobarlo sólo hay que volver la mirada a la composición del CNM.

    Está en sus manos decidir a conveniencia o actuar a consciencia en pro del fortalecimiento de un órgano fundamental para la vida institucional de la República Dominicana.

    Que su decisión no sea objeto de escarnio, sino de reconocimiento.

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