Situaciones con las que convivimos, sin que siquiera nos demos cuenta, han salido a flote. La covid-19 ha desnudado innúmeras debilidades del sistema de salud. Igual ha acontecido con la educación, que sufrió el cierre súbito de las escuelas. La pandemia obligó a los gobernantes a encontrar medios para tratar de que la población estudiantil no pierda por completo el año escolar.
En ese propósito se relievan muchas precariedades del sistema educativo, más allá de los problemas de contenidos, la calidad de la enseñanza, el estado de los locales o las condiciones en que se desenvuelven. Hablamos de las realidades de las escuelas en las zonas rurales, y en prácticamente todo el territorio nacional, pese a que acabamos de pasar por una “revolución educativa” en la cual se construyeron miles de aulas.
Nuestra reportera Diana Rodríguez visitó varias comunidades de Monte Plata y descubrió muchas de las limitaciones sufridas por niños y profesores. Y las acentuadas diferencias con relación a los centros educativos urbanos, como el acceso al servicio eléctrico o a los sistemas electrónicos de comunicación.
Lo hallado en Monte Plata es el reflejo de un problema nacional. Las estadísticas del ministerio de Educación, reveladas en el trabajo publicado ayer en este diario, nos dicen que de 7,800 centros públicos de enseñanza, 601 no tienen energía eléctrica, y 3,798 no cuentan con internet.
Son de las cuestiones que las autoridades del Ministerio de Educación deben superar, y que forman parte de su agenda, pues de 1,187 escuelas registradas sin servicio eléctrico, 586 fueron electrificadas. De los 5,009 recintos sin internet, ya han sido conectados a 1,211. Pero falta mucho por hacer.
La covid-19 nos ha empujado a enfocar la mirada en estos problemas que parecen perpetuos, pero deben ser superados sin dilación.
El programa para llevar energía y dotar de infraestructuras para las comunicaciones a las escuelas de las zonas remotas debe continuar, al margen de que mañana empiece cualquier formato de docencia presencial.
