De cuando en vez y generalmente al investirse nuevos legisladores, bailotean en el Congreso proyectos de ley que plantean la eliminación del pago de la reinscripción en los colegios privados.
Ahora no ha sido diferente, con el argumento de que, por la pandemia, muchos padres han visto mermar sus ingresos y otros han perdido su empleo.

Se argumenta, y esto también es nuevo, que debido a las clases virtuales la mayoría de los colegios no han tenido los gastos que suelen tener en mantenimiento, seguridad, tecnología y otros renglones.

Esta situación amerita algunas precisiones, comenzando porque la educación particular es un negocio privado, en el que los padres aceptan pagar por un servicio previamente acordado con el colegio que elijan para sus hijos.

Se pacta una cuota de inscripción o reinscripción que no es uniforme y que suele ser más alta cuando se trata de instituciones prestigiosas que brindan una oferta que, en esencia, supera por mucho la de la escuela pública.

El que compra un servicio es porque tiene con qué pagarlo. Poner al Estado a intervenir en esa cuestión, más allá de las regulaciones legales establecidas, es inapropiado porque no se puede obligar a alguien a cobrar menos, y por ley, por un servicio que previamente se aceptó.

Samuel Conde, presidente de Educa, plantea que la iniciativa, pendiente de discusión en la Cámara Baja, no tiene nada de novedoso, ni en el campo de las ideas ni en el terreno de las buenas intenciones políticas.

Hay que convenir con el señor Conde en que si los colegios privados se vieran compelidos a recortar por ley sus ingresos, podrían recargarlos en otros renglones, o recortar la oferta académica con la que seducen a los padres.

Sin dudas que la única manera de “obligar” a los colegios privados a reducir sus tarifas es con inversión en una educación pública de mayor calidad y mejoras en todos los órdenes, desde las infraestructuras hasta los contenidos y la formación de los educadores.

En todo caso, por el tipo de ordenamiento social que nos rige, los padres siempre podrán optar por el espacio académico que estimen mejor para sus hijos sin que medien, de manera compulsiva, intereses de particulares que pretenden hacerse los graciosos.

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