En la República Dominicana impera un Estado de Derecho, consolidado desde la Constitución de 2010, que incorporó valiosos instrumentos y procedimientos para el ejercicio democrático participativo.
De ella se dice que obra para fundamentar e impulsar la intervención de los ciudadanos en las decisiones de interés colectivo, y fortalecer así el régimen político de naturaleza representativa.

Se puede decir a boca llena que los dominicanos vivimos en lo fundamental en una democracia donde las instituciones básicas del sistema funcionan, aunque limitadas por la proliferación de imperfecciones.

Mañana se conmemora el Día de la Constitución, de la Carta Magna, la que al decir de Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, es “como un texto casi sagrado para unir, no para desunir, y para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo”.

Lo lamentable son los vaivenes a los que ha estado sometida históricamente, en manos de una clase política siempre deseosa de ajustarla a sus intereses del momento.

Incluso, este 177 aniversario no está exento de esos vaivenes porque está en debate, por esa misma clase política, la posibilidad de otra reforma para la que se invoca, esta vez, dizque la necesidad de adaptaciones y mejoras en el marco, citamos: “Del sistema de separación y organización de las estructuras de los poderes del Estado”, una excusa que ya ni nos asombra si tenemos en cuenta las 39 modificaciones que ha sufrido y también porque casi todos los presidentes o la han tocado o han tenido sus devaneos.

No es nuestro objetivo detenernos a ponderar lo que desde el Ejecutivo dicen que sería una reforma de naturaleza orgánica que permitirá una mayor democratización en la conducción de la sociedad.

Lo mencionamos solo para reiterar que la “manosean” con demasiada frecuencia y en ocasiones se invoca el eufemismo de que es para “blindarla” pero siempre como obra de cúpulas, sin ninguna participación del pueblo, cuando en todo caso es el constituyente primario, el soberano.

Aun así, satisface que tengamos un Tribunal Constitucional que se erige, con autoridad, como garante de la democracia y protector de la superioridad de la Constitución, con lo que gana la sociedad.

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