El proyecto de Presupuesto para el año próximo les arrancó al presidente Luis Abinader y a su gobierno la tolerancia opositora que por tradición se les concede a las nuevas autoridades durante sus primeros cien días.
Hasta ahora, el gobierno se había acostumbrado a los aplausos, incluso, a concesiones más allá de lo previsto en la ley, como designaciones ilegales, abusos de poder y sobrepasamientos de funcionarios que no se compadecen con el sistema democrático.
Todo eso pasaba tranquilamente, con excepción de las críticas de los medios, hasta que el equipo económico sometió el pasado jueves el proyecto de Ley de Presupuesto y Gastos Públicos para el año 2021 al Congreso. El mismo configura una serie de figuras impositivas “transitorias” que han provocado un repudio general.
Entre las medidas propuestas, la más irritante es la que plantea gravar el sueldo 13, instituido por el Código de Trabajo en su artículo 222. Además, se llevaría de encuentro un principio cardinal del derecho laboral, y es que las conquistas son irrenunciables. Se ataca también el principio protectorio, según el cual, el trabajador siempre debe beneficiarse de la favorabilidad. No se les pueden disminuir sus derechos en ninguna circunstancia.
Además, los gravámenes a las tarjetas, aún sean a los gastos en dólares, terminarán dañando mayormente al segmento social que más se ha empobrecido en esta crisis. Y la tasa del 25% a las maquinarias y aparatos de aires acondicionados igual lo impactarían.
Es verdad que en una crisis, todos los sectores deben contribuir a solventarla, pero hacerlo de esta manera en medio de una pandemia es una calamidad.
Lo peor de todo es, desde el punto de vista político, que en la práctica se tornaría como una reforma fiscal de baja intensidad, pasada además por debajo de la mesa, en el paquete presupuestal, sin la diligencia previa de presentarla y explicarla a la ciudadanía. Es decir, recurrir al consenso.
Por eso, el presidente Abinader debió sacrificarse el sábado en la noche para pretender justificarla. El gobierno acaba de cometer un error político, que lo pone a la defensiva.
El proyecto debió ser socializado de la manera más abierta posible, y solo entonces, presentarlo al Congreso Nacional.
