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Con su ostensible gozo, los legisladores y los funcionarios que ordenaron al director de la Policía no acudir a la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja para responder preguntas sobre abusos de agentes bajo su mando, desdeñan lo que mandan la Constitución y las leyes.

Peor todavía, porque esos rejuegos de una mayoría mecánica de diputados oficialistas, los distancian de las funciones que juraron honrar al asumir sus cargos.

Su comportamiento degenera en una suerte de burla porque la semana pasada tres de ellos rompieron el quórum y ayer dejaron la solicitud en un limbo hasta esperar “sin plazo fijo” que la Oficina Técnica de Revisión Legislativa del órgano bicameral (Ofitrel) envíe un informe sobre dicha propuesta para así (los diputados del PRM), proceder a conocerla.

La Ofitrel, según el artículo 165 de la cámara, es un órgano institucional que asiste al Pleno y a las comisiones, al que se refieren las iniciativas sometidas a consideración, lo que en este caso resulta risible pues desde el primer momento lo que ha habido es un manejo político desde que la comisión “invitó” al general Then.

En días recientes han accedido a invitaciones del Congreso ministros y directores generales de primer nivel, sin que en ninguno de los casos se apelara a la Ofitrel.

Irrespetan la institucionalidad con su proceder, al tiempo que ignoran llamados de instituciones respetables de la sociedad civil, entre ellas Participación Ciudadana y Finjus, que reivindican la potestad fiscalizadora del Congreso.

Pero además con su negativa, primero a que el director de la Policía fuera invitado y ahora a que lo interpelen, desconocen expresamente sus atribuciones de supervisión y control consignadas en el artículo 93 de la Constitución, como los artículos 94 y 95 sobre las prerrogativas que permiten citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado.

Llegará el día cuando en el Congreso no primen la politiquería y los intereses personales, que se podrá aplicar con todas sus consecuencias la disposición constitucional que manda sanción de índole penal a la inasistencia injustificada a una invitación de las cámaras.

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agency orquidea

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