Parece llegado el momento de transparentar todo alrededor de las alertas migratorias salvo que, como decíamos ayer, de por medio se esté moviendo un poder sobrenatural por encima de las funciones de la procuradora general y del director de Migración.
Desde el despacho de Miriam Germán no se dieron por aludidos con el hecho de que el director de Migración prácticamente desmintiera una presunta instrucción que ella habría emitido, al afirmar que desde esa instancia no se había difundido resolución alguna sobre la eliminación de las alertas migratorias.
Pendiente de saber a quién o a quiénes fue que la procuradora instruyó a que se tomaran “las medidas necesarias para evitar las alertas migratorias”, simpatizamos con el punto de vista de la Finjus a fin de que se revisen las actuaciones y protocolos internos que se ejecutan, para evitar que continúen derivando en verdaderos impedimentos de salida sin sentencia o disposición jurisdiccional que lo ordene.
Esa revisión deben hacerla todos los entes que interactúan en el tema, desde los investigativos, de seguridad, Migración y otros, porque nos resistimos a creer que haya quien le interese que perviva esta situación que riñe con el Estado de Derecho y con el régimen que impera en República Dominicana, en lo fundamental de libertades públicas y políticas.
En esa caracterización coinciden juristas consultados, a los que resulta inadmisible la posibilidad de que se pueda vulnerar el derecho de una persona de moverse libremente, aunque se reconoce y es muy obvio que el Estado no puede renunciar a su facultad de implementar ese tipo de notificaciones, siempre en el marco de la Constitución y las leyes.
Aunque esa facultad no es el peligro real, sino que por humores, rencores, venganza o quién sabe qué capricho se afecten derechos fundamentales.
Y de ahí la necesidad de borrarlas para siempre, que fue lo que inspiró la comunicación de Miriam Germán en junio pasado, por ser de triste recordación, totalmente ilegales y que en los hechos significan, lo repetiremos hasta la saciedad, un impedimento de salida sin que medie la decisión de un juez.
