La industria de la construcción es uno de los sectores más impactante en la economía, por sus amplios vínculos con diversas áreas y actividades que convergen en la producción nacional.
El subsector vivienda representa la actividad de mayor incidencia social de la industria que se sustenta en varillas y cemento. Es también el renglón en el que históricamente ha habido un gran déficit, al menos en el segmento de viviendas de bajo costo, que es el nicho de las personas de menor poder adquisitivo.
Por ese efecto socioeconómico de la vivienda de bajo costo, que según los parámetros establecidos es la que cuesta hasta RD$4.5 millones, se entiende como una medida trascendental la adoptada por la Junta Monetaria y el Banco Central para liberar de encaje legal RD$21,424.4 millones, con el expreso mandato de que sean destinados a financiar construcciones y adquisiciones de viviendas económicas.
Por resolución del pasado día 12, la Junta Monetaria dispuso que el 80% de los recursos a ser liberados sea destinado a préstamos para compra de vivienda de bajo costo y el 20% restante a la construcción de ese tipo de unidades habitacionales. Los créditos deberán ser concedidos por los intermediarios financieros a una tasa de interés no mayor del 9 % anual y a plazos de hasta 5 años.
El mandato expreso de a qué segmentos financiar con los recursos a ser liberados refleja un interés definido de las autoridades monetarias de restablecer el aporte al producto interno bruto (PIB) de la construcción vía su segmento viviendas. En el recién finalizado año 2022 el sector construcción en general apenas creció en 0.6 % y en el 2021 en un robusto 23%.
De hecho la medida, que debe iniciar su aplicación el 1 de febrero próximo, está llamada a impactar positivamente en los programas de viviendas sociales que promueve el Gobierno, como el llamado “familia feliz”. Son programas que construye el sector privado y que cuentan con subsidios del Gobierno, para que los beneficiados, familias de bajos ingresos, puedan adquirir una vivienda.
Se trata de una medida oportuna y atinada, para proteger la capacidad de adquisición de una vivienda de las familias de bajos ingresos y a la vez reanimar al sector construcción.
