Cuando un niño, o un jovencito, se acerca a un automovilista, o a cualquier persona en la calle, no suele verse más allá de lo que envuelve la escena. Para algunos, un estorbo o una molestia. Para otros, un drama social que arrastra a padres y las instituciones que deben velar por la seguridad y la vida misma de los menores.
Un problema que cargan sociedades como la dominicana y que no encuentra solución al correr de los años. Más bien, se torna complejo, porque no se va a la raíz del mismo. Ahora, con el coronavirus, la cuestión se complica aún más.
Acción Callejera, una institución de Santiago que brinda apoyo a niños o menores en situación de riesgo, confirma esa realidad pandemia.
Sugiere que los niños no siempre deambulan en las calles o se dedican a pedir ayudas por cuenta propia. Son obligados por padres, familiares o en general por “tutores” que en vez de protegerlos, los someten a trabajos forzados o a cualquier otra forma de explotación. Ocurre sin que las autoridades responsables accionen ante comportamientos que violan los derechos de la niñez y específicamente la ley 136-03.
Al menos, Acción Callejera realiza una labor humanitaria para auxiliar a esos indefensos que viven en constante peligro o amenazas de la calle, o de quienes tienen la responsabilidad de protegerlos.
Pero esa institución no siempre puede cumplir en los términos que desea la misión protectora, por las limitaciones para financiar sus programas.
Podría decirse que existen instituciones que deben encarar el drama de los niños en las calles. Pero la realidad es que no siempre están disponibles, o no cuentan con los instrumentos para actuar conforme con las funciones que les asigna la ley.
En general, los niños de las calles simplemente son vistos como decíamos al principio, parte de una problemática que a veces se piensa que es consustancial a esta sociedad y que no tiene remedio.
Pero deben aplicarse programas eficaces que ayuden a superar estos dramas que desnudan la triste realidad de los grupos más vulnerables de la población.
