Las sucesivas muertes por ingesta de alcoholes hechos al margen de los estándares sanitarios y de manera ilegal, compiten en estos momentos con los fallecimientos por la covid-19, y ocurren pese a los discursos de las autoridades policiales, de Salud Pública y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor.
Los casos se reportan de uno a otro confín. El fin de semana el barrio Juan Pablo Duarte, de Santo Domingo Este, fue estremecido por la mala noticia de que al menos siete personas habían muerto por el consumo de bebidas alcohólicas de fabricación clandestina.
¿Cómo es que continúa la fabricación, el tráfico y la venta de productos que provocan la muerte, a veces de manera instantánea?
¿Cómo interpretar esto? ¿Un desafío a las autoridades por bandas organizadas o una burla, un irrespeto? Porque después de más de 77 fallecidos este año y al menos 247 el año pasado, es para que los fabricantes o traficantes cesaran.
¿Qué mentes orientan a esos individuos, que a sabiendas de que su brebaje envenena y mata, continúan distribuyéndolo? ¿Cómo es posible que colmaderos, enterados de todo esto lo comercialicen? Peor aún, que personas informadas corran la aventura de consumirlo.
En el caso de los fabricantes, su persistencia es criminal y los colmaderos cómplices descarados que igual merecen sanciones ejemplarizadoras.
Viendo el histórico, también puede especularse que estamos ante una asociación, o bandas organizadas para el crimen. Y no se percibe que las autoridades actúan con la severidad debida.
Todo esto es muy triste y habla mal del país, de las pobres autoridades que no actúan con el peso que el caso amerita.
Que las personas estén muriendo por causas conocidas y que quienes gobiernan en la Policía, el Ministerio Público, Salud Pública y Pro Consumidor no actúen diligentemente para detener lo que ya constituye una tragedia nacional.
Pena por los muertos y vergüenza por nuestras ineficientes autoridades.
