La renovación del debate acerca de iniciativas legislativas para permitir la devolución de una proporción de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, debería ser aprovechada para promover una revisión estructural al modelo de Seguridad Social creado por la ley 87-01.
Más fructífero que seguir aireando uno o dos proyectos que por las distorsiones que crearían en el modelo de pensiones, deberían ser desechados y en su lugar darle cumplimiento al mandato de una legislación, la Ley 13-20, que realizó un cambio en la Legislación que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Por las explicaciones técnicas que han sido dadas acerca del impacto negativo, en términos sociales y macroeconómicos, que tendrían los proyectos, uno que plantea el retiro de un 20% y el otro un 30% de los ahorros en los fondos de pensiones de capitalización individual, se ven pocas posibilidades de que la iniciativa prospere.
Entre los argumentos en contra están que sería un retroceso porque implicaría, la entrega por ejemplo del 30% de los fondos acumulados, una resta equivalente a casi cuatro años de pensión a cada trabajador afiliado, y una merma a la cuestionada, por baja, tasa de reemplazo que ronda el 24% del salario del afiliado.
También se alega que afectaría, y parece ser uno de los criterios más sólido, que desvirtuaría la razón de ser de los fondos de pensiones, que es pensionar trabajadores al final de la vida laboral útil.
El último argumento contrario a las iniciativas, una de las cuales fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados, lo expuso el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), el ente legal que administra el SDSS. El pasado jueves el CNSS aprobó la resolución 495-02, en la que acoge el mandato establecido en el artículo 29 de la reciente Ley 13-20, la cual ordena que, a partir del mes de septiembre del año 2020, se inicie el proceso de revisión y estudio para la modificación integral de la Ley 87-01. En ese proceso se analizarán y crearán los instrumentos sociales correspondientes, para dar respuesta a contingencias no previstas en el actual modelo.
Una ley y una resolución deberían ser suficientes para convencer al esquema tripartito que involucra la Seguridad Social, a iniciar la revisión del sistema.
