Uno de los problemas poco debatidos por la entrada en vigencia del Código Penal es que con la incorporación de más de 70 nuevos tipos de delitos aumentará la presión a un sistema de justicia de por sí desbordado.
Suficientemente ilustrativa es la realidad de los presos preventivos, que actualmente constituyen el 65.3% del total de internos, porcentaje que crece y crece pues en 2025 era el 61%. Coincidentemente el nuevo código ejercerá igual presión sobre el deficitario régimen de prisiones.
La Oficina de la Defensa Pública tiene conciencia de lo que se avecina, por lo que anuncia que prepara a su personal para responder a una demanda significativamente mayor.
Le preocupa la situación de niños, niñas y adolescentes que representan casi el 100 por ciento de su defensa, lo mismo que entre el 80% y 87% de todos los casos que se ventilan en tribunales, y arrastran un déficit de 250 defensores.
El Director General de esa oficina, Rodolfo Valentín Santos, describe así el desalentador panorama que se avecina: “El sistema de justicia podría enfrentar una avalancha de personas sometidas a procesos penales, lo que incrementaría la presión tanto sobre los defensores públicos, como destacamentos policiales y centros penitenciarios”.
Como la tendencia es a que en lugar de avanzar se retrocede, verbigracia el aumento de un 4.5% en la cantidad de presos preventivos en menos de un año, resulta explicable el desaliento respecto al sistema judicial dominicano con un nuevo código penal.
Pero así como la Defensa Pública dice que reforzará su capacidad operativa y que se prepara para incorporar a 80 nuevos defensores, tendrían que hacer lo propio otros actores del sistema, como el penitenciario, que debiera concretar sus eternos planes.
Quizá ayude en esa dirección que recientemente egresaron de la Escuela Nacional de la Magistratura 70 profesionales y que es frecuente la incorporación y promoción de fiscalizadores de parte del Consejo Superior del Ministerio Público.
Es de suma importancia contar con un código penal moderno, pero también necesario trabajar para que, con las actuales estructuras judiciales y penitenciarias, su aplicación no provoque mayores retrocesos en la aplicación de justicia.
