La situación en Haití, un estado fallido gobernado por un conjunto de bandas armadas que han creado una situación de caos y de anarquía total, ha llevado a la República Dominicana a tomar una serie de medidas restrictivas con las que estamos totalmente de acuerdo.
Que todas las crisis haitianas han repercutido en nuestro país no es un secreto para nadie, como tampoco lo es que, al ser República Dominicana un país con enormes problemas estructurales y económicos, no puede cargar a sus espaldas los problemas del Estado vecino, por lo que es absolutamente necesario que la comunidad internacional adopte las medidas necesarias para evitar una crisis humanitaria de terribles consecuencias.

Sellar la frontera evita una posible estampida de refugiados, como también el ingreso de bandas delincuenciales y al mismo tiempo desalienta el contrabando de combustibles y de otros insumos importantes, de ahí que apoyemos absolutamente esas medidas.

Pero también hemos asistido, atónitos y sorprendidos, a la novedad de que parturientas haitianas, que ya estaban recibiendo atención en hospitales dominicanos, han sido capturadas como si se tratase de delincuentes, y deportadas cuando estaban cerca del parto, lo que resulta una conducta inaceptable en cualquier Estado civilizado de nuestros días.

Un comunicado del Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana ha llamado la atención a nuestras autoridades, ante este tipo de actos que bien pudieran calificarse de barbarie por el desprecio por la vida que dejan traslucir.

“Estas conductas –dice el comunicado de la ONU- incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales que prohíben la deportación de mujeres embarazadas, lactantes, personas adultas mayores y personas enfermas, y que incluyen procedimientos especiales en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados”.

Si bien la ONU reconoce el pleno derecho dominicano a establecer los controles migratorios que estime convenientes, formula un llamado “a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad”.

Así como apoyamos plenamente el control migratorio en nuestras fronteras, coincidimos con la ONU en condenar cualquier tipo de violación a los derechos humanos.

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