Bien hizo el presidente Luis Abinader con retirarle el traje impositivo con el que vistió al proyecto de Presupuesto General del Estado 2021.
Ese ropaje, que alborotó necesariamente a la opinión pública y produjo crecientes ruidos en las redes sociales, creó interpretaciones y especulaciones que son contrarias a las ideas de transparencia y concertación que ha expuesto el Gobierno como sus pilares de gobernabilidad.

Se trató de un paquete de medidas presentadas con carácter de transitoriedad, una condición muy cuestionada y poco creíble en materia de impuestos, por las tantas experiencias adversas que hay en la historia reciente del país, y que fueron presentadas integradas al proyecto de Presupuesto. Por mandato de la ley orgánica de Presupuesto, todo proyecto de Presupuesto General del Estado, una vez sancionado por el Congreso, se convierte en ley por un ano, por el período para el cual se diseñe. En este caso sería para el 2021.

La idea, concebida para el Gobierno agenciarse un volumen de recursos internos con los cuales apoyar al deficitario proyecto de presupuesto del próximo año, se sustentaba en gravar algunas figuras de ingresos y del consumo que recaía básicamente sobre la clase media.

Ante la fuerte ola de críticas, y para demostrar que “siempre estamos atentos a lo que siente y necesita la gente y estamos dispuesto a responder cuando sea necesario y dar las explicaciones que sean oportunas”, el Presidente Abinader habló el jueves en la noche al país y entre otras cosas, anunció el retiro de los impuestos nuevos que acompañaban al proyecto de Presupuesto, el cual será objeto de una adenda que remitirá al Congreso Nacional. Y para obtener los recursos que había proyectado recaudar vía la objetada propuesta, el Gobierno negoció un acuerdo de pagos anticipados con el sector financiero y con la minera Barrick Gold.

Y el tema impositivo lo pospuso para una eventual reforma fiscal en el 2022, la cual deberá ser discutida en el seno del Consejo Económico y Social, el cual convocó para para que también discuta el Pacto Eléctrico, atorado en el Palacio Nacional desde hace dos años, tras ser consensuado en el CES.

Quizás el presidente debió empezar por ahí. Pero enmendar es de sabios. También es de sabio reconocer “que hemos debido hablar antes”.

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