Ayer decíamos que hasta ahora, la administración de Luis Abinader se beneficia de la dispersión de las fuerzas opositoras, una en total reflujo y en vía de recomposición y la otra en proceso de construcción, lo que facilita la gobernabilidad.
Sin embargo, la situación generada por la covid-19, y los derivados potenciales por las alzas en los precios del petróleo, las subidas de los materiales de construcción, que ha llevado a la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao a paralizar durante seis días los trabajos en reclamo de que cesen esos aumentos; los cambios en los precios internacionales del trigo, el maíz, la harina y el aceite de soya, que impactan la producción de varios artículos de la dieta básica, pueden constituir factores conducentes a inconformidad social, hasta ahora ausente en la agenda del gobierno.
El país ha visto al presidente Luis Abinader centrado en la lucha contra el coronavirus y en devolverlo a la normalidad, lo que ha sido muy valorado por una población vapuleada por la pandemia y las crecientes dificultades generadas por la pérdida de ingresos por desempleo o por la disminución de capacidad adquisitiva.
Hasta ahora los sectores con mayor vocación a la movilidad social se conforman con la política de la persecución de la corrupción y la persistencia de las mujeres progresistas y grupos afines en demandar la aprobación de un Código Penal que incluya las tres causales justificativas del aborto por necesidad o fuerza mayor.
Pero aún los estamentos sociales más vulnerables, que cada día deben salir a las calles a buscar los medios de sustento, solo se expresan con lamentos y críticas soterradas sobre los cambios en los precios de los artículos de primera necesidad. Los subsidios del gobierno a las capas más empobrecidas probablemente no serán suficientes en caso de que la situación se agrave, y esa es una posibilidad.
En la carrera por recuperar la normalidad, devolver las condiciones para que resurjan los empleos, se activen plenamente las actividades productivas y los servicios, incluido el turismo, falta un trecho en el cual la Administración puede encontrar amenazas y desafíos.
Quizás ha llegado la hora de que este tema entre en la agenda del poder público.
