Las redes sociales estallaron; los comentarios comenzaron a fluir desde las entrañas del barrio: indignación, impotencia, rabia, angustia y frustración. Son los sentimientos que forman parte del diario vivir entre los sectores populares que, bajo el estrés de los padecimientos económicos y la ausencia de servicios básicos, se ven arropados por una brutalidad que, como en el caso de Darlin Mateo, desemboca en asesinatos que se han normalizado en la vida de la gente que vive en la marginalidad, donde el acoso calculado y el letal disparo policial forman parte del paisaje miserable que ha ido construyendo la deuda social acumulada.
Ver el video en el que se muestra el instante de la ejecución del adolescente revela en detalle una policía que no conoce sus límites legales y, por tanto, actúa como si el país viviera en un Estado policial parecido al que existía durante el régimen de los Doce Años y los llamados “incontrolables” de la “Banda Colorá”, o como el estado de terror que con sus carabineros impuso Augusto Pinochet en Chile, o “La Patota” de Videla en Argentina, y toda suerte de organizaciones autorizadas por el Estado para establecer un orden que respondía, en esos años, a cuestiones de carácter ideológico enmarcadas en el contexto de la Guerra Fría, donde las diferencias se dirimían por la vía de la violencia cuando los argumentos conceptuales se convertían en instrumentos seductores que conducían al compromiso.
La apertura democrática desmontó el Estado policial y la lucha por la democracia, que derivó en prisiones, exilio, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, mutó. La democracia electoral construyó un nuevo discurso centrado en una serie de desafíos estructurales, institucionales y de carácter social que aún no superamos: las constantes crisis económicas y la llamada “década perdida”, la implementación de las políticas neoliberales que agudizó en toda América Latina la brecha entre ricos y pobres; también combatir la excesiva burocratización del Estado para hacerlo más eficiente; además, enfrentar la corrupción, que condujo a debates de canibalización de los partidos que mellaron profundamente su credibilidad.
El discurso en democracia fue conducido también por el camino del respeto a los derechos humanos y la recuperación de la memoria política para no dejar en la impunidad los crímenes perpetrados desde el Estado. Este discurso, sin embargo, no caló en la República Dominicana, que prefirió la concertación para la gobernabilidad mientras reciclaba criminales de todas las especies que comenzaron a salir de sus madrigueras para convertirse en figuras prestantes (muchas veces centrales) de la actividad económica, política y social. Pero la cuestión de los derechos humanos vuelve a adquirir relevancia a propósito de las acciones policiales que están llenando de luto nuestros barrios.
Con la llegada de la democracia también se internacionalizó el crimen. Viejos oficios como la trata de personas, el tráfico de armas y, sobre todo, el de drogas tomaron gran protagonismo, y parte del Estado, del sector financiero y comercial fueron cooptados por los criminales. En el sector público se creó una estructura jerarquizada que, en el caso de la policía, va desde el general que participa del macronegocio hasta el recluta que protege el micronegocio. Pablo Escobar es el mejor ejemplo del avance y la penetración del crimen organizado en todas las estructuras de la sociedad: políticos, militares, banqueros y hasta dirigentes comunitarios estaban a su servicio. El esquema Escobar fue exitoso a pesar de que la parte sana del Estado lo persiguió y eliminó. No obstante, con su eliminación el esquema no fue desmantelado.
Vista la evolución de los cuerpos represivos del Estado, el reciclaje, el auge en el tráfico de drogas, el aumento de las ejecuciones documentadas por cámaras de los ciudadanos en los barrios y los “intercambios de disparos” allí donde las cámaras no estuvieron presentes, los testimonios permanentes de la gente de a pie que denuncia un contubernio de policías con delincuentes en los barrios, cabe preguntarse si las ejecuciones que se producen a manos de los uniformados responden a la lógica de conversos al crimen que hacen suyos los métodos de sus nuevos jefes, que por lo general dirimen sus diferencias eliminando al contrario y por ello la vida vale menos que un “coño” pronunciado en medio de la indignación frente a un atropello.
Quizá lo “políticamente correcto” en el caso del asesinato de Darlin hubiera sido la expresión retórica (fría y apática) en estos casos: “Que se haga justicia”. Lo incómodamente atinado, como he intentado hacer, es exponer una realidad estructural que no se ha sabido abordar desde una visión técnico-científica, como lo demuestran los acontecimientos a pesar de una reforma policial en la que se han invertido 8,389.8 millones de pesos. Estos recursos se conjugan, sin embargo, con brutalidad y acoso que, aunque no sean lo mismo que en el pasado, recuerdan el Estado policial. Según datos publicados por el Listín Diario, que cita fuentes de la propia Policía Nacional, durante los primeros seis meses de 2026 han fallecido al menos 146 en las mismas circunstancias que el adolescente.
