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“No se hace nada grande

sin que intervenga el azar”

 

MONTAIGNE

 

 

El invierno estaba siendo particularmente crudo y la nieve cubría virtualmente las calles y avenidas de Washington en aquella helada y gris mañana del jueves 4 de enero.

No obstante, el personal de la embajada dominicana se movilizó temprano esa mañana.  El edificio de la Unión Panamericana, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), era testigo ese día de una actividad inusual.  Desde el Palacio Nacional en Santo Domingo se habían hecho innumerables llamadas telefónica dando instrucciones a sus diplomáticos y en procura de noticias.

El presidente Balaguer permanece toda la mañana laborando en su despacho.  Bonnelly cumple una febril actividad llena de audiencias protocolares.  El calor sofocante de ese húmedo día de enero en Santo Domingo contrasta con la vasta acumulación de nieve en Washington, donde los miembros del Consejo concentran toda su atención, consciente de que de una decisión pendiente en la agenda de la reunión especial del Consejo de la OEA depende el futuro inmediato dominicano y, por supuesto, la estabilidad del gobierno.

Después de una prolongada espera, que en la Cancillería de Santo Domingo se hace interminable, el Consejo de la organización regional aprueba la tan ansiada eliminación de las sanciones económicas y diplomáticas impuestas a Trujillo.  La votación no deja lugar a dudas: 19 votos a favor y ninguno en contra, con la sola abstención de Cuba.

El delegado cubano, Carlos S. Chaín, pone la nota discordante.  La abstención ordenada por Castro se debía a que muy escasos cambios habíanse producido en República Dominicana.  El Consejo de Estado no era más que un “trujillismo sin Trujillo”, si bien algún día el pueblo dominicano “logrará su independencia”.

El levantamiento de las sanciones era fruto del deseo norteamericano, alegaba Chaín, de favorecer intereses comerciales de ese país.  La decisión carecía de legitimidad por cuanto las dos terceras partes o más de los gobiernos representados en la OEA distaban mucho de representar a sus pueblos.  Más que una reprobación de los deseos dominicanos, el alegato cubano era un rechazo de la organización.  Castro desconocía autoridad a la OEA para tomar una decisión de esa naturaleza y alcance.

Era obvio, sin embargo, que la posición cubana estaba dictada por cuestiones ajenas totalmente a lo que ese día se discutía en Washington en el pleno del consejo de la entidad.  Los críticos del régimen revolucionario cubano sostenían que su abstención era una reacción típica a la votación mayoritaria en contra de Castro que había tenido lugar recientemente al tratarse el tema de Cuba a un nivel ministerial.  Las reservas cubanas, mal acogidas en Santo Domingo, carecían de peso para invalidar el deseo manifiesto del resto de la comunidad hemisférica, que ofrece pleno apoyo con su decisión al proceso democrático dominicano.  Así, bajo una intensa nevada, protegidos por el tibio calor de las fuertes columnas del palacio de la Unión Panamericana, los representantes de todo el continente propician el retorno de la República Dominicana al Sistema Interamericano.  Una larga espera tocaba a su fin.

Los textos de las resoluciones imponiendo y eliminando las sanciones económicas y diplomáticas se publican in extenso como anexo 4.

 

La votación tiene enormes repercusiones.  Para el Consejo de Estado abre perspectivas de solidaridad y apoyo internacionales inimaginables.  Pero el optimismo oficial no encuentra correspondencia con la frialdad con que amplios sectores políticos de la nación reciben la noticia.

 

El cuatrimotor de la Pan American toca puntualmente pista del aeropuerto Santo Domingo, como si cumpliera un ritual.  El secretario general de la OEA, José Antonio Mora, es el primero en descender de las escalerillas.  A la comisión de alto nivel que va a recibirle dice en voz alta, audible a toda la prensa nacional e internacional allí reunida: “vengo a anunciar oficialmente que el Consejo (de la OEA) ha levantado las sanciones”.  Es lo que han dicho y repetido los despachos internacionales de prensa durante todo el día en los teletipos, pero los funcionarios la acogen como un mensaje nuevo, cuajado de esperanzas.  La Cancillería informa oficialmente al país la decisión del organismo regional en un comunicado y el vicepresidente Bonnelly apenas puede ocultar su eufórico entusiasmo: “El gobierno dominicano ha entrado de nuevo a la familia americana con el espíritu de colaboración que es indispensable para que fructifiquen y prosperen los grandes ideales de nuestro pueblo”.

Un anuncio del gobierno norteamericano prometiendo enviar prontamente una comisión para definir los campos de la ayuda y cooperación bilateral fortalece el optimismo oficial.  Balaguer se muestra confiado pero cauto.  En una reunión con corresponsales en su despacho anticipa que el país reanudará, acogiéndose a la decisión de la OEA, relaciones con todos los países del Hemisferio, con la excepción de Cuba.  El levantamiento de las sanciones constituye una especie de “reparación moral” al pueblo dominicano, dice, que satisface sus sentimientos patrióticos.  Respecto a Cuba “no hay posibilidades” de acercamiento por “incompatibilidad de ideologías”.

En Cuba la reacción no se hace esperar.  Radio Habana Libre lanza fieros ataques contra Balaguer y el Consejo en pleno tildándoles de trujillistas e invita al pueblo a rebelarse en calles y montañas.

 

Muy pronto el Consejo de Estado es obligado a percatarse de la complejidad de los problemas domésticos.  Balaguer y Bonnelly saben que el ansiado levantamiento de las sanciones por la OEA, es insuficiente para resolver la situación y se enfrentan a enormes dificultades.  La negativa del PRD y del Catorce de Junio a colaborar con el gobierno resta efectividad a sus esfuerzos.  Sin embargo, el Consejo continúa con su campaña de destrujillización.  El próximo paso es una Ley de confiscación de bienes y propiedades de la familia Trujillo y sus allegados más íntimos.  El Consejo basa su decisión diciendo que las cuantiosas fortunas acumuladas por estas familias durante la tiranía fueron resultado del abuso y la usurpación.  El país recibe el anuncio con entusiasmo y se inicia un rápido proceso de recuperación que pone en manos del Estado grandes sumas de dinero y propiedades de todo tipo.

Las desavenencias entre UCN y el Catorce de Junio tienden a agravarse con la dimisión de éste último de otras connotadas figuras nacionales, algunas de las cuales guardaron prisión en las postrimerías del régimen de Trujillo acusados de conspirar para derrocarle.  Entre las dimisiones sobresalen la del vicepresidente del movimiento, doctor José A. Fernández Caminero, reputado cardiólogo; y los directivos Miguel Lama Mitre, licenciado Rafael Alburquerque Zayas Bazán, arquitecto Manuel Baquero Ricart, doctora Asela Morel y Luis Álvarez Pereyra.  El grupo dirige una carta a Manolo Tavárez Justo, presidente del Catorce de Junio explicando las causas de su renuncia.  El contenido altamente ideológico de la naciente rivalidad política dominicana se refleja de inmediato en la reacción que esta renuncia provoca en sectores de clase media profesional del movimiento.  En cartas y comunicados difundidos en panfletos, espacios de prensa y planteles, éstos saludan la dimisión como “una retirada de la oligarquía antinacionalista retrógrada”.

Al conocerse nuevos actos de saqueo y de violencia, las Fuerzas Armadas advierten sobre su decisión de intervenir drásticamente contra todo acto de vandalismo, en un evidente esfuerzo del Consejo de Estado para infundir confianza en la población y disuadir a los grupos radicales activos contra el régimen.  Tales actos, advierten los mandos militares en un comunicado, “constituyen una regresión a la barbarie primitiva que nuestro pueblo dejó atrás”.

Pero nuevos hechos conmueven la conciencia nacional, en abierto desafío a la autoridad.  En Santiago, una bala perdida, disparada presuntamente por un efectivo de la Aviación Militar Dominicana (AMD) provoca la muerte a un jovenzuelo de 13 años.  La tragedia ocurre en circunstancias muy confusas.  Una versión muy socorrida da cuenta de que el militar había disparado contra una turba que perseguía a un “calié” en las proximidades de la calle Loló Pichardo.

A este incidente doloroso se añade una noticia no menos preocupante.  En San Francisco de Macorís, en medio de una ola de motines callejeros, una turba mata a golpes a un ex-capitán del ejército en represalia por la muerte a balazos por militares de un muchacho durante los mismos incidentes, momentos antes.  La multitud había disparado contra el ex-oficial, Manuel Antonio Espinal Peña, con su propia pistola.  La víctima era encargado de oficinas de la organización de veteranos militares de aquella población.  Sus compañeros amenazan con tomar justicia por sus propios medios.  No todo parece, sin embargo, perdido.  En un editorial de primera página, El Caribe, que apoya al Consejo, le felicita por el levantamiento de las sanciones y recuerda que éstas habían sido impuestas por la “conducta delincuente” de Trujillo.  El país se reintegra al seno de la familia americana, señala.

 

Lejos de disminuir, la ola de desmanes iba en aumento.  La mañana del jueves 4 de enero, resultó condenadamente violenta.   Para los agentes de servicio, que habían estado en vigilia desde el día anterior, sin apenas dormir y comer, expuestos a toda clase de peligros, la experiencia nada tenía de reconfortante.  Era el caso de José Miguel Matos, natural de las Matas de Farfán, una población a pocos kilómetros de la frontera con Haití, que se había enrolado en la Policía como un medio para costearse los estudios.  Persiguiendo estudiantes, arrojando gases, utilizando su macana y amenazando de vez en cuando con su viejo revólver calibre 38, con el que apenas había disparado, Matos está convencido de haber escogido el camino equivocado.  Los hechos del día vendrían a reforzar su convicción.

Las turbas seguían entregadas a la tarea de saquear negocios y residencias de personas sindicadas como “calieses”.  Brincando de un lugar a otro, unas veces en una guagua celular, otras en un jeep, a veces a pie, Matos había presenciado ese día el pillaje en apartados puntos de la ciudad.  Y como miembro de una patrulla policial se había visto precisado a intervenir contra los saqueadores.  Tan asustado como la mayoría de sus compañeros, había hecho arrestos en la calle París, donde una multitud apedreó e hizo destrozos en la tienda Boni, en el número 16 de esa vía, especialmente concurrida en la ocasión, como también en los alrededores de la número 19 de la calle General Cabral, mucho más abajo, hacia el sur, donde una impresionante multitud compuesta mayormente por jóvenes había asaltado la residencia de Narciso Deroche, cuya fotografía había sido extraída, según un periódico político, de los archivos del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el siniestro organismo represivo del régimen trujillista.  Los vecinos del lugar se cobraban así los desmanes que Deroche habría hecho en el barrio de Santa Bárbara, donde decenas de jóvenes desaparecieron y fueron a parar a las ergástulas de la tiranía sólo por meras sospechas.

El sargento negro, de dientes mugrientos y groseras maneras, despertó casi a Matos de sus reflexiones, cuando la turba, armada de palos y cuchillos, tomó calle abajo y se internó en la Isabel la Católica, hasta detenerse frente al número 104, donde funcionaba una tienda de sombreros, propiedad de Benjamín Guzmán, señalado como un “chivato” de la dictadura.

Persiguiendo a un mozalbete que habíase apoderado de un objeto en el escaparate, roto de una pedrada, Matos sintió un agudo dolor en la pierna izquierda, producido por un arma cortante.  Al principio creyó que se trataba de una bala.  Fue en el hospital, horas después, cuando se le mostró el pedazo de hierro, arrancado de una alcantarilla rota, todavía manchada con su sangre, con que había sido herido.  Matos lanzó una maldición interior y prometió que a la primera oportunidad volvería a su pueblo.

En la esquina de las calles Juan de Morfa con Juan Bautista Vicini, de la zona alta de la ciudad, un grupo había atacado al mediodía un negocio de comestibles.  Dos agentes resultaron heridos por piedras lanzadas por la multitud de furiosos.  En otro punto distante, en la intersección formada por las calles Ravelo y la doctor Betances, otra turba trata de destruir una propiedad de un hombre identificado como Luis Arriaga.  Uno de los detenidos, César Enrique Mella, explicaría después en la sede de la policía, haber visto la fotografía de Arriaga en el periódico del Catorce de Junio señalado como un “calié”.  Mella niega haber tomado parte en el asalto a la casa y sostiene que se le detuvo sólo porque portaba un ejemplar del periódico citado, al salir de su empleo en la tienda de calzados Gloria, sita en el número 38 de la calle del Conde, en la zona colonial de la ciudad, lejos del lugar de los incidentes.  Por la misma acusación habían detenido también a su amigo Leonidas de la Paz, ajeno como él a los hechos de violencia.  Escenas como estas se repiten sin cesar por todo Santo Domingo.

 

Nadie podía explicarse el motivo real de aquel curioso anuncio de prensa publicado ese día, invitando a una misa a la memoria de Horacio Vásquez, el presidente a quien Trujillo había sustituido en 1930.  Como muchos otros acontecimientos, el país parecía amarrado por una extraña concatenación de hechos disímiles y paradójicamente entrelazados.  Empeñado en conferir una apariencia de normalidad absoluta, el Consejo seguía actuando con vista a sepultar los últimos rasgos de trujillismo.

En ese propósito parecía enmarcarse la decisión de Balaguer de entregar a los familiares del fallecido senador Mario Fermín Cabral la propiedad del vespertino La Nación, un vocero fanático de Trujillo.  La paradoja estaba en que siendo Cabral un íntimo del dictador, cantor de las virtudes del tirano cuyos servicios habían sido muy bien reciprocados, la entrega del diario a los descendientes, su viuda Josefa Tavárez, y el poeta Manuel del Cabral, presentes en la ceremonia en Palacio, constituía una intención de destrujillización.

Para aquellos que habían guardado prisión en las tenebrosas cárceles del déspota o perdido un hijo, un padre o un amante, la acción significaba, sin embargo, una señal de retroceso.  Como el anuncio de la misa por “el descanso del alma” de Horacio Vásquez, este hecho singular venía a probar cuán difícil y compleja resultaba la tarea de reencauzar la nación después de treinta años de oscurantismo y satrapía.  La tiranía había sido tan corrupta como sangrienta.  Y aquella devolución del diario La Nación, desde diciembre bajo el control de la Dirección General de la Administración y Recuperación de Bienes, venía a confirmar los temores de la oposición izquierdista de que el nuevo gobierno era sólo un intento disfrazado de preservar el férreo control del Estado por una casta comprometida con el orden descabezado.

Desde el programa radial del Catorce de Junio brotaron acusaciones graves contra el Consejo.  “Trujillo, dijo un allegado a Manolo Tavárez, sonríe desde su tumba”.

 

Después de una larga y macabra búsqueda, una comisión del Catorce de Junio, auxiliada por efectivos del Cuerpo de Bomberos Civiles de Santo Domingo, encuentra en una fosa común, a unos 30 pies de profundidad, osamentas pertenecientes a ex prisioneros políticos.  El hallazgo tiene lugar en una finca propiedad de Héctor Trujillo, hermano del dictador y ex presidente de la República, próxima al kilómetro nueve de la autopista Duarte.  Pero la lucha política ha adquirido matices demasiado definidos, como para que un hecho de esta naturaleza despierte más emoción que el dolor de los familiares deseosos de encontrar los restos de sus seres desaparecidos.

Los últimos acontecimientos relevantes de ese día, jueves 4 de enero de 1962, subrayan la complejidad del debate.  Mientras 2,000 empleados del Ayuntamiento detienen sus labores en demanda de aumentos de salarios y escenifican protestas callejeras contra el Gobierno; el presidente Balaguer, a nombre del Consejo de Estado, devuelve mediante inventario a los descendientes del general Juan Rodríguez García, quien había combatido en el exilio duramente a Trujillo, una finca de 16,154 tareas (una tarea equivale a 629 metros cuadrados), en el sitio conocido como la Barranca, de La Vega, una de las zonas más fértiles y codiciadas del país.  Otras medidas similares vendrían a favorecer a familias que habían sido perjudicadas por expropiaciones injustificadas de Trujillo, sólo para su usufructo personal.

 

Tan pronto como la OEA dispone el levantamiento de las sanciones, los países del hemisferio comienzan a reanudar relaciones con la República Dominicana.  Dos de los primeros en hacerlo son Guatemala y Estados Unidos.  El gobierno norteamericano anuncia su decisión de enviar varias comisiones al país en los días venideros para discutir con más profundidad y detalle las áreas de cooperación y la ayuda para impulsar el proceso democrático.  Teodoro Moscoso, jefe de la Alianza, el programa de desarrollo regional ideado por Kennedy, encabezará una de esas comisiones, lo cual tiende a subrayar el interés norteamericano por el país.  Simultáneamente Washington designa a su cónsul general, John Calpin Hill, encargado de negocios, mientras se nombra a un nuevo embajador.  Mora, secretario general de la OEA, elogia el proceso político dominicano como un modelo para el mundo en desarrollo.  La prensa internacional, generalmente parca en los asuntos dominicanos, dedica grandes titulares y espacios al levantamiento de las sanciones y sus repercusiones en los esfuerzos por encauzar la nación por derroteros de libertad y democracia.

En Caracas, Rómulo Betancourt, el presidente que Trujillo trató de asesinar dos años antes y por cuya acción se le impusieron al régimen drásticas sanciones económicas y diplomáticas, anuncia que asumirá personalmente la decisión de cuándo reanudar sus vínculos con la República.  La decisión se ve venir muy pronto, casi de inmediato.  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que mantuvo una fuerte campaña contra Trujillo, envía un telegrama de felicitación a Balaguer por la iniciativa de devolver la propiedad de El Caribe a Germán E. Ornes, su director.  Ornes había regresado a Santo Domingo y reasumido la dirección del diario poco después de la muerte de Trujillo.  El dictador le había confiscado las acciones, cuando Ornes se quedó en el exilio y denunció el régimen, años antes.

Otros signos estimulantes de tranquilidad parecían dominar el ambiente nacional aquel viernes 5 de enero.  En un clima de camaradería prometedora, Rodríguez Echavarría ofrece un agasajo a los miembros del Consejo de Estado y a la misión de la OEA.  Nadie podía imaginarse ese día que entre la jerarquía militar y el gobierno pudieran existir diferencias insalvables.

Las tareas oficiales eran de un grosor enorme y el Consejo de Estado estaba consciente de la necesidad de abordar con prontitud la solución de los problemas más agobiantes legados por la tiranía.  No podía darse el lujo de actuar en este campo bajo presiones ni dilaciones.  Era imprescindible asumir la iniciativa y proponer remedios a las enfermedades que roían el cuerpo social dominicano.  Inspirado en esa convicción, el Consejo decidió proceder sin más demoras.  Como un cirujano usa el bisturí para suturar el lado enfermo del cuerpo, el Consejo se propuso penetrar el nervio más sensitivo de la crisis social dominicana: el desempleo.  En una de sus primeras sesiones formales, discute la conveniencia de propiciar la apertura de nuevas fuentes de trabajo.  La acción tiene efectos tranquilizantes en dos campos del quehacer político.  Contribuía por un lado a aquietar las protestas crecientes por la falta de oportunidades para una mayoría de la población y tendía por el otro, a impulsar la dormida economía.

Muchos dominicanos podían sentirse orgullosos del curso de los acontecimientos.  Para miles de ellos resultaba una agradable sorpresa la repercusión internacional de estos hechos.  Después de tres décadas de aislamiento, no dejaba de sorprender el contenido de despachos como el de aquel escueto transmitido esa tarde por la AP desde Nueva York: “El levantamiento de las sanciones económicas a la República Dominicana por la OEA y las expectativas de una pronta demanda de abastecimientos adicionales de azúcar de ese país, provocaron compras en los futuros de azúcar doméstica.  Las ganancias alcanzaron hasta tres puntos en una rueda activa”.

Al leer el despacho, en el espacio noticioso de la tarde, el locutor de la radiotelevisora oficial fue incapaz de guardarse un comentario: “al fin tendrán que tomarnos en cuenta”.

Una historia de fantasía volvería a ocupar la imaginación del ciudadano corriente en la familia Trujillo, a pesar de la delicada situación interna. La causa de este revivido interés sería una publicación francesa sobre las excentricidades de Radhamés, el hijo menor del tirano, en París.  En la capital francesa, el heredero de Trujillo hacía despilfarros insólitos con la fortuna amasada bajo el régimen corrupto de su padre.  El pueblo sentíase una vez más burlado por sus sojuzgadores. Todo el mundo hablaba en los círculos periodísticos, políticos y sociales de las andanzas de Radhamés, tal y como lo reseñara el diario L’ Aurora, de París reproducido in extenso en la prensa nacional.  La publicación francesa relataba una historia fascinante:

“Bohemias, estrellas de cine y ‘play boys’ forman parte de la ‘cofradía’ de Radhamés, que ha iniciado un combate cotidiano contra el aburrimiento.  Su propósito final: el ‘week end’ (fin de semana) colectivo de tres días…

“Radhamés Trujillo acaba de adquirir dentro de la zona de L’ Oise, un inmenso castillo que ha transformado en la actualidad en una suerte de posada para el lujo y el derroche.  Una cuadra que cuenta con 29 caballos pura sangre –todos ganadores con competencias hípicas- está ya en funcionamiento.  Una pista para rodar pequeños autos como diminutos bólidos cuyos motores los impulsan vertiginosamente existe allí también, y está en vías a acondicionar también terrenos para una cancha de golf y una piscina.

“A partir del mes próximo un carro denominado ‘Radhamés’, llegará a París los viernes por la noche a buscar a una cincuentena de comediantes y escritores contratados por Trujillo durante sus farras nocturnas, para conducirlos a su castillo –cuyo nombre y ubicación son todavía secretos- hasta el lunes en la noche”.

“Todas las distracciones de la casa estarán a la disposición de los huéspedes sin que les cueste un solo céntimo.  Radhamés ha nombrado a Jeanine Laveau, antigua agente de prensa de Eddie Constantine, directora de su secretariado particular.  Es ella quien distribuirá las invitaciones para los ‘Week-ends’ en esa nueva abadía de Telemaco.

Para explicar su costosa y fantástica empresa, Radhamés dice:

“Entre la soledad y yo existe una guerra a muerte. ¡O yo la mato a ella o ella me mata!”

Era difícil creer –en medio de la miseria nacional- que esa historia fuera cierta.  Pero la irritación alcanzó a todos los niveles de opinión nacional.  Un nuevo sentimiento de antitrujillismo se apoderó de los jóvenes dominicanos.  En los comunicados y panfletos universitarios volvió a clamarse por una extradición y enjuiciamiento de los familiares del tirano.

Para calmar las nuevas protestas de esencia antitrujillista, el Consejo dispone investigar el hallazgo de osamentas en una finca de Héctor Bienvenido Trujillo (Negro), en el kilómetro nueve, sector Herrera, de la Autopista Duarte, que conduce a Santiago y une a Santo Domingo con las demás poblaciones del norte.   Negro había sido el hermano preferido de Trujillo.  El dictador no sólo le había confiado la Presidencia de la República sino otorgado el rango militar más alto de Generalísimo, que sólo él además ostentaba.  Negro nunca defraudó la confianza de su hermano, sirviéndole con sumisión, sin atreverse a tomar iniciativas más allá de lo que el temor hacia el déspota inspiraba, aún dentro de su propia familia.

Negro abandonó el país a mediados de noviembre, después de frustrado el golpe para perpetuar la presencia de los Trujillo en el poder.  Su fortuna personal estaba calculada en decenas de millones de dólares.  No obstante, ello no parecía suficiente para hacer de su exilio un paraíso de sosiego y bienestar.  En el tranquilo vecindario de las afueras de Miami Beach, donde comprara una mansión, dentro de un islote, los vecinos se habían reunido recientemente para hacerle abandonar el lugar.  Negro se había valido del apellido de soltera de su esposa, Alma McLauglin, norteamericana de nacimiento, para adquirir el inmueble en el exclusivo sector de Miami.  Tan pronto como los residentes descubrieron su identidad, decidieron que era un inquilino indeseable y pidieron a una corte la anulación del contrato de venta, invocando una cláusula que requería el consentimiento previo de los vecinos para cualquier operación de ese tipo.

Las noticias sobre el hallazgo de osamentas pertenecientes a opositores al régimen de su hermano, en una finca de su antigua propiedad, difundidas por la prensa internacional, vendrían a complicar los problemas de Negro Trujillo con sus vecinos de Miami Beach.

El ayudante del fiscal, doctor Miguel A. Morales Carbuccia, muestra el interés oficial de identificar los cadáveres, uno de los cuales presentaba indicios de haber sido un hombre joven, y la decisión de buscar más osamentas de personas desaparecidas hace años.  En la búsqueda afanosa, los investigadores encuentran en la misma propiedad dos pozos artificiales con brocales cubiertos de maleza.  Después de un esfuerzo minucioso, que toma varios días, se da por terminada, sin embargo, la búsqueda de un pozo en el cual, según denuncias de campesinos del lugar, se acostumbraba a arrojar los cuerpos de personas asesinadas.  Jamás volvería a hablarse de aquel pozo, conocido por los lugareños con el sobrenombre de “La Desgracia”.

 

Ante la intensidad de las demostraciones y protestas callejeras, el Consejo interesado en poner el orden en todo el territorio de la República, dispone una inmediata investigación de los más recientes hechos de sangre ocurridos en poblaciones como San Juan de la Maguana, en el suroeste; El Seibo, en el este y San Francisco de Macorís, en el norte, donde se implican a autoridades policiales y militares.

No todo es nota de pesimismo.  El comercio organizado expresa su confianza en el futuro inmediato con el levantamiento de las sanciones.  La medida, sostiene Epifanio Guerrero, representante de la nueva clase de comerciantes mayoristas, permitiría un “desarrollo extraordinario” del comercio dominicano.  Productos que debían adquirirse a mayor costo en Asia, Europa y África, a causa del boicot norteamericano, podrán comprarse en lo adelante en los Estados Unidos.

 

Con la llegada, el sábado 6, de la primera misión comercial de Estados Unidos se abren nuevas esperanzas para el Consejo.  El grupo está encabezado por Teodoro Moscoso, administrador general de la Alianza para el Progreso.  El detalle destaca la importancia que el gobierno en Washington confiere a esta nueva etapa de sus accidentadas relaciones con esta pequeña república del Caribe.  Los vínculos bilaterales quedan para todos los fines y propósitos formalizados.  Haití sigue los pasos norteamericanos y designa a su cónsul general en Santo Domingo encargado de negocios, mientras el Consejo anuncia el nombramiento de José Antonio Bonilla Atiles, un conocido activista del exilio antitrujillista, secretario de Estado de Relaciones Exteriores en lugar de Ambrosio Álvarez Aybar.  En una acción esperada desde el anuncio de la víspera del presidente Betancourt, el canciller venezolano Marcos Falcón Briceño informa de la pronta designación de un enviado diplomático para restablecer relaciones con el país.  El ministro venezolano dice que el Consejo de Estado conduce a la República Dominicana por senderos democráticos.  Casi simultáneamente ese mismo día, Argentina anuncia la reanudación de relaciones, para regocijo de los integrantes del gobierno colegiado que ese sábado encuentran más de una razón para ver con optimismo el futuro.

En los predios universitarios, escenario de recientes protestas, surgen también motivos para una celebración.  Al través de los altoparlantes colocados por todo el amplio recinto, en postes y edificios, se da a conocer la promulgación de una ley concediendo el fuero y la autonomía a la Universidad de Santo Domingo, la más antigua del nuevo mundo, fundada en 1538.  La ley, votada por Balaguer el 31 de diciembre, en víspera de la instalación del Consejo de Estado, establece que el centro es una comunidad de profesores y alumnos que constituye un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica, con facultad para dictar sus propias leyes y reglamentos.  Para la subsistencia de la universidad, el gobierno debe proveer en lo adelante todos los fondos necesarios mediante un subsidio nunca inferior al cinco por ciento del presupuesto nacional.

La autonomía y fuero universitarios venían a llenar una profunda aspiración de la comunidad universitaria.  Profesores y estudiantes habían clamado por ella en carta remitida a Balaguer el 13 de agosto.  Ese día tuvo lugar una manifestación frente al edificio de la facultad de Ciencias Médicas “Dr. Defilló”, en el transcurso de la cual se constituyó el comité provisional de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), que luego actuaría activamente contra Balaguer y el Consejo.  Al promulgar la Ley, Balaguer satisfacía un anhelo universitario.  Sin embargo, estaba lejos de haberse ganado el apoyo o simpatía de sus profesores y estudiantes.  En el curso de los días siguientes la universidad reciprocaría el gesto suspendiendo a Balaguer como catedrático.

 

 

 

 

 

 

Posted in Enero de 1962
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