En Colombia, cuando las guerrillas y los carteles de la droga se aliaron, surgieron los paramilitares como un mecanismo de defensa ante la inseguridad que esa funesta alianza representaba. Dada la incapacidad de las autoridades legítimas de ese país para garantizar vidas y propiedades, a los sectores más afectados por el descalabro del orden público no les quedó otra alternativa que buscar medios propios para defenderse.
En nuestro país estamos acercándonos a un escenario similar, con pandilleros, criminales fuertemente armados, con absoluto control a todas horas del día de calles y barrios de nuestras ciudades, ante la pasividad y la falta de acción oficial. Son más cada día los asaltos y asesinatos, lo que ha creado una sensación espantosa de miedo en buena parte de la sociedad dominicana.
El gobierno ha advertido que actuará con energía para imponer el orden y garantizar la seguridad ciudadana. Pero es obvio que el desafío demanda acciones, no solo palabras e intenciones. El presidente de la República le aseguró al país en campaña electoral tener consigo un plan bien diseñado para vencer el clima de inseguridad ciudadana y derrotar así el crimen y la delincuencia callejera en dos años. Ese plazo expiró y la situación es ahora mucho más grave que en ningún otro momento de nuestra historia reciente.
Falta, pues, unir la acción a las palabras. La indolencia oficial ante el avance del crimen podría inducir, como ocurriera en Colombia, que la gente tratara de buscarse por cuenta propia sus medios de defensa. Ese sería el caos y alguna modalidad de conflicto civil que nadie en su sano juicio desea y, por supuesto, el fracaso de la gestión gubernamental.
Creer que los dueños y señores de nuestras calles y barrios cederán ante la advertencia presidencial es una ingenuidad. Esa gente solo entiende un lenguaje, el que aplican contra ciudadanos indefensos.
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