Cuando las instituciones no funcionan

Aquí las instituciones no funcionan y sólo existe un poder real, el Ejecutivo, al cual he repetido en este espacio hasta el cansancio, se subordinan los demás, por innumerables razones, el miedo entre ellas. Pero las decisiones personales pueden reemplazar esa ausencia en momentos de crisis. Tras la renuncia forzosa de Charles de Gaulle, en enero de 1946, meses después de finalizada la segunda guerra mundial, la prensa francesa ironizó la autoridad de quienes inmediatamente le sucedieron y señaló que se trataba de hombres “de buena voluntad, no de voluntad”. En el caso de aquellos que dirigen muchas de las más importantes instituciones nacionales, la frase tiene una aplicación entre nosotros tan extraordinaria como innegable.

Hace tiempo se denunció que un juez había accedido a la petición de un fiscal para intervenir los teléfonos de la máxima dirigencia de esa y otras organizaciones. La denuncia era grave porque el país no se encuentra en peligro ni en situación de emergencia. Y el hecho de que estuviéramos en el tramo inicial, entonces, de una tensa campaña, hacía el espionaje aun más extravagante. Resultó sorprendente que el presidente de la Junta Central Electoral, organismo responsable de velar por el cumplimiento de la ley que garantiza un trato y una participación equitativa para todos los participantes en el proceso, en lugar de requerir una investigación a fondo del caso, dijera que su teléfono también estaba intervenido, lo cual lo hace feliz porque él no decía por ese aparato nada que no dijera en público. A ese panorama surrealista se agregó lo dicho por el presidente de otro poder del Estado, el de la Suprema Corte de Justicia, de que las instancias de inconstitucionalidad sobre el estremecedor contrato de la Sunland no habían sido falladas porque ninguno de los quince jueces del tribunal estaba interesado en que se conocieran. Era para morirse de impotencia.