A finales del tercer mandato del presidente Leonel Fernández, el sistema educativo presentaba signos desalentadores, mientras la nación hacía frente a la resistencia del gobierno de aplicar la Ley General de Educación, aprobada años antes, que asignaba al sector preuniversitario el 4% del Producto Interno Bruto o, en su defecto, el 16% del presupuesto nacional.
Por aquel entonces se dio a conocer un informe titulado “El reto de la calidad”, en el que se analizaba el desenvolvimiento del sistema escolar, preparado por EDUCA y el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). En ese documento se señalaba que la calidad de la educación seguía siendo “ el gran desafío” nacional, a despecho de los avances e n la cobertura de la educación básica.
Según el informe, los aprendizajes de los estudiantes dominicanos, medidos por los resultados de las evaluaciones internacionales, eran muy bajos. Esa realidad, agregaba, afectaban no solo el desarrollo de los niños “ sino también las posibilidades del desarrollo del país”.
La aplicación del 4%, en cumplimiento del mandato de la ley, ha significado el mayor gasto e inversión jamás realizado en la esfera educativa. Según otro informe hecho público la semana pasada por EDUCA, con los auspicios del Banco Popular, esa inversión alcanza la cifra récord de 40 mil millones de dólares, pero los resultados siguen siendo deprimentes en relación con lo invertido.
Más que en ningún otro momento, mejorar la calidad de la educación constituye la mayor de nuestras prioridades. No es justo que miles de niños hayan quedado fuera de las aulas por segundo año consecutivo y que en muchos lugares se vean a niños recibiendo clases sentados en latas vacías a la intemperie o en aulas desvencijadas.
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