¿A qué país queremos parecernos? ¿A Haití, Bolivia, Nueva Zelanda o Finlandia?
¿Puede la República Dominicana financiar su desarrollo con una presión tributaria del 13 o el 14 por ciento del PIB? Son preguntas fundamentales. Si nos ponemos de acuerdo en las respuestas y miramos hacia adelante dejando atrás ese inmediatismo característico de la vida nacional y que mal orienta las discusiones en el ámbito de la política, seguramente superaríamos las trabas que impiden una llana discusión y todo lo demás podría resultar más fácil.
Algunos cálculos económicos sugieren que un incremento del uno por ciento del PIB en las recaudaciones fiscales bastaría para superar, en situaciones normales, el déficit presupuestario como el que teníamos antes de la pandemia. Otro uno o dos por ciento de incremento podría ser suficiente para preservar las expectativas de estabilidad macroeconómica en los próximos años y aunque hay discrepancias con relación a estos números, es evidente que un diálogo serio y representativo al más alto nivel de la sociedad, encontraría sin muchas dificultades las fórmulas de nuestro despegue definitivo.
Hablamos de cifras del orden de los 130 o 140 mil millones de pesos, quizás más, que era el monto estimado a comienzos del 2019 del déficit, lo cual significa que un faltante de ese nivel no representaría ninguna amenaza real para la estabilidad de una economía de potencial crecimiento como es la nuestra, en la que el gasto tributario es prácticamente el doble. De manera que si abandonamos el temor a la mesa de negociación y renunciamos, una vez en ella, a levantarnos al primer desacuerdo, podríamos decir que al fin daríamos un primer paso. Una buena oposición consiste en permitir que el gobierno resuelva los problemas que puedan explotarles después en sus manos.
