Las críticas a la ayuda humanitaria de gobiernos dominicanos a Haití en situaciones especiales, como en el terremoto del 2010 y tragedias posteriores, me parecen irracionales. No tienen otra sustentación que no sea el deseo de alejar toda posibilidad de entendimiento con un país sin dirección política, una economía en total bancarrota y una población hambrienta y desesperada sin más opción que la ruta que los trae hacia este lado de la frontera. Hay asuntos que no pueden evaluarse con anteojeras y las iniciativas a favor de haitianos, en la coyuntura actual, es una sólida inversión por la paz dominicana.
Se alega que esa asistencia humanitaria a extranjeros no se da a los nacionales que también la necesitan. La apreciación es injusta, porque en circunstancias de emergencia la acción de auxilio oficial llega siempre a las zonas afectadas en mayor proporción casi al unísono de los vientos y lluvias huracanados, como han testimoniado los medios, incluso algunos de marcada tendencia crítica.
También se objeta sin argumento válido los proyectos privados binacionales de inversión a ambos lados de la frontera, con el visto bueno de las autoridades, sin detenerse a pensar que esos proyectos son de las pocas opciones que disponemos para detener el creciente y descontrolado flujo de inmigración, que constituye una amenaza real para el país. Al igual que los casos en que hemos acudido en auxilio de millones de damnificados haitianos, las inversiones para impulsar proyectos industriales fronterizos tienen el objetivo común, no necesariamente acordado, de sentar una sólida base de oportunidades. Eso permitirá a los haitianos encontrar en su propia tierra lo que históricamente se les ha negado hasta ahora.
No olvidemos que en Haití no existe gobierno legítimo y la posibilidad de elecciones democráticas en las circunstancias actuales parece allí otra ilusión.
