Al juramentarse en el 2012, el presidente Medina dijo que su gobierno estaría cimentado en tres grandes pactos, uno de los cuales, el de educación, sentaría las bases del desarrollo definitivo.
Como muestra de ese compromiso, que el país saludó alborozado, anunció el fin de la ilegalidad que siempre significó la renuencia de su antecesor de reconocer la ley general sobre el sector que asigna a la educación preuniversitaria en el presupuesto nacional el 4% del Producto Interno Bruto.
Dentro de tan ambicioso programa para impulsar la calidad de la educación pública, se anunció la construcción de diez mil aulas en un enorme esfuerzo que quedó sellado al final de su segundo mandato ocho años después.
La meta era un desafío a la capacidad material para cumplirla y de este modo Medina, obviamente sin proponérselo o medir las consecuencias, se auto impuso una camisa de fuerza, que le apretó desde el momento mismo en que se hicieron evidente las dificultades para alcanzarla.
Y digo esto porque el crecimiento de la población escolar exige permanentemente seguir atacando el déficit de aulas.
Por eso, resultó incomprensible la intención del presidente actual, Luis Abinader, de recortar el presupuesto del sector bajo el pretexto de que no había forma de gastarlo, en momentos en que su nuevo ministro del ramo advertía sobre la falta de cupo para miles de estudiantes por falta de planteles y aulas.
Las dificultades para alcanzar metas que muchas veces superan la capacidad para lograrlas dificultan las labores de un gobierno bien intencionado por la tendencia a rechazar todo cuanto se pueda lograr a fin de conseguir objetivos políticos.
Y como el mejoramiento de la calidad del sistema educativo es una tarea inaplazable, todo cuanto se haga en ese sector debe ser bien recibido, porque hablamos de sembrarnos en el pasado o intentar alcanzar el futuro.
