El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de la Mujer, ha suscrito un acuerdo con el gobierno de España, relacionado con el tema de los derechos de género, que debería ser divulgado en toda su plenitud y objetivos, debido a sus peligrosas implicaciones para la salud mental y física de los niños.
La preocupación se origina en la posibilidad de que el país se adhiera con ese instrumento, a los planteamientos de la ministra española Irene Montero, decidida y entusiasta promotora de la corriente de liberación sexual que reclama el supuesto derecho que les asiste a los niños de tener relaciones sexuales antes de llegar siquiera a la adolescencia.
Los partidarios de esa tendencia, que enciende el debate electoral español, promueven la relación “consentida” de adultos con menores de edad, en abierto y descarado desafío al buen sentido, y dan por hecho que un niño menor de 8 o 10 años pueda tener conciencia plena de lo que es una relación, sin duda perversa, de ese tipo.
El acuerdo entre la ministra Montero y su colega dominicana Mayra Jiménez, sería sencillamente monstruoso e inaceptable si se fundamentara en los conceptos que sobre los presuntos derechos sexuales de la niñez promueve la funcionaria española, y se aceptaran en el país como norma aceptable de conducta sexual en el mundo infantil dominicano.
De manera que, para tranquilidad y sosiego de la nación y la protección de la salud mental de la niñez dominicana, es necesario que el Gobierno divulgue ese acuerdo, como es su deber dentro de la transparencia que reclama a sus actuaciones, cuyo texto es desconocido y sobre el cual no se produjo discusión previa alguna.
Las escenas de niños que participan con adultos de la comunidad LGTB en muchos países, son aberrantes. Y, por supuesto, nadie desea verlas aquí. Si esto continúa el mundo será otro Sodoma y Gomorra
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