El país sigue inmerso en una discusión sobre las virtudes de una ley de fideicomiso público y las extemporáneas alianzas electorales, y esa atención relega a un plano secundario el interés por otros temas fundamentales, algunos de los cuales reposan por años en los archivos del Congreso y en el amplio espacio del olvido nacional.
Me refiero a la educación, a la necesidad inaplazable de dotarla de la calidad que haga de ella un fuerte instrumento del desarrollo futuro de la República. Y, por supuesto, de nuestra otra gran prioridad impostergable, como es el mejoramiento de las condiciones de salud del pueblo, hoy en crisis.
Los poderes del Estado no le prestan la atención debida al choque natural de intereses que en la actualidad estremece la estabilidad de servicios que la Constitución y el buen sentido ponen bajo su custodia. Me refiero al sistema de la seguridad social y especialmente al código laboral, pendiente de actualización, para ajustarlo a los cambios generados en la actividad económica desde su aprobación hace más de tres décadas.
El gobierno no debe sustraerse ni permanecer ajeno a esos problemas. No puede dejar la solución solo a las partes, cuando el interés está en juego. Para eso es el gobierno. No lo necesitamos ocupado en tareas empresariales, sino como un ente fuerte en materia regulatoria, que imponga la ley y establezca reglas claras de libre competencia.
No dudo de la importancia de un régimen de fideicomiso, cuyo valor en el ámbito privado ha sido de innegable importancia y eficacia. Pero me pregunto si tiene sentido que la atención nacional se centre en la búsqueda de solución de nuestros problemas en esa figura legal, como única salida a la incompetencia gubernamental que de hecho, esa propuesta implica.
Más de opiniones
Más leídas de opiniones
Las Más leídas
