La libertad de expresión garantiza el derecho de los ciudadanos a emitir sus ideas libre de toda coacción o presión. Así está establecida en nuestra constitución en muchas otras constituciones y en la declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto, por supuesto, no excluye a la prensa ni a los políticos.
Sin embargo, una de las distorsiones más extendida acerca del papel de los medios es aquella que la sitúa por encima de la crítica. Como cualquiera que opine, los periodistas tienen el derecho a la equivocación. Pero igualmente las víctimas de sus errores y prejuicios tienen el mismo derecho a disentir de sus opiniones y conclusiones.
El aspecto más deplorable de la relación políticos-prensa, es la renuencia de los primeros a hacer valer sus derechos frente a los excesos de la segunda. Este acuerdo tácito, que protege a ambos de sus propias irracionalidades, le ha dado al periodismo dominicano una especie de carta blanca. Aquellos que ejercen el periodismo sin una vaga noción de sus innatas limitaciones, nunca alcanzan a comprender la sutileza. Por supuesto, nada de esto se aprende ni se enseña en escuelas de periodismo. Pero es su comprensión lo que hace en la práctica la diferencia entre un buen periodismo y un periodismo irresponsable.
Les dije que mi exposición en cierta medida estaba basada en algunas experiencias personales. Recuerdo perfectamente las protestas y quejas que abrumaron en agosto de 1985 al entonces síndico del Distrito Nacional, José Francisco Peña Gómez, cuando, en ejercicio pleno de sus derechos, el político cuestionó la capacidad de articulistas y comentaristas que habían escrito y hablado en forma crítica sobre él y sus posibilidades electorales en aquella época dentro del PRD. Peña Gómez los llamó disparatosos.
La reacción a ese calificativo fue desproporcionada contra Peña Gómez y no guardó el debido respeto a las opiniones de un líder sobre la prensa.
