El Colegio Médico y otras organizaciones, con el respaldo de importantes figuras del Congreso, aspiran a una reforma de la ley que creó el régimen de la Seguridad Social. El planteamiento está basado en la creencia de que las entidades creadas al amparo de la legislación como son las ARS y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) impiden la realización de los objetivos sobre los cuales fue aprobado el sistema, tras más de 10 años de ingente discusión.
Poniendo al margen la apreciación que se tenga de la importancia de esas empresas, respecto a lo cual hay distintas opiniones, la realidad apunta a encontrar las causas de las deficiencias del sistema en otra dirección. La ley fue aprobada sobre tres principios básicos, único, universal y obligatorio, a través de los cuales se alcanzaría un cuarto y mayor objetivo: solidaridad hacia los sectores más vulnerables. Así está diseñada la ley y así fue aprobada con un consenso pocas veces logrado a nivel nacional.
Resulta que una vez aprobada la ley, el propio Congreso que la sancionó se hizo de un esquema propio de seguridad social, en desconocimiento de los principios básicos del régimen. Y a esa violación de la ley se unieron sucesivamente las demás instituciones del Estado, haciendo inoperante el sistema, condenándolo al fracaso.
La reforma para devolverle el valor original al sistema es la eliminación de esos esquemas particulares ilegales, que conspiran contra los propósitos elevados de la ley, pues riñen y atentan contra la idea central de dotar al país de un modelo de seguridad social eficiente y confiable. Desviar la mirada hacia el lado opuesto de la realidad, llenaría las expectativas de grupos influyentes pero no ayudaría a rescatar los valores del sistema. Verlo de otra manera equivale a sepultarlo, si bien es iluso aspirar del Congreso la renuncia a uno de sus mayores privilegios.
