En diferentes oportunidades he escuchado decir al presidente Luis Abinader, a los que los antecedieron, como jefes de Estado y como candidatos, al igual que a los que aspiran a sustituirlo, que propiciarían un régimen tributario justo, en el que cada ciudadano pague conforme a sus posibilidades reales, y promover igualmente un ambiente favorable al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Nada de eso se ha cumplido. Y como ocurre con toda promesa electoral, la débil memoria nacional se ha encargado después de sepultarla.

No pretendo con esto distraer al presidente de la urgente tarea de enderezar lo que parece un entuerto diplomático en el caso de la construcción por haitianos de un canal en el río Masacre y el cierre de la frontera. Y mucho menos recordarles sus promesas a quienes aspiran a sustituirlo en las elecciones de mayo próximo. Pero me he sentido motivado a refrescarles el efecto que un sistema impositivo que penaliza a los ciudadanos y a las pequeñas empresas que cumplen con sus deberes fiscales, no es un instrumento idóneo para la búsqueda de los objetivos del buen gobierno con los que tanto nos martillan los oídos.

Los anticipos a que están obligados los ciudadanos que viven de ingresos fijos y pagan religiosamente sus impuestos, los condenan a situaciones muy precarias que afectan su estabilidad económica por cuanto esos financiamientos indirectos al Estado, que muy poco les devuelve, erosionan la vida familiar imponiéndoles restricciones injustas, que en ocasiones les obligan a cambiar de colegios a sus hijos o perder parte de un patrimonio edificado a través de largos años de trabajo honrado y sacrificios.

Y como las gruesas paredes del Palacio Nacional filtran los ruidos del exterior, como ha sido casi siempre con muy contadas excepciones, cierro esta entrega consciente de que nadie, en la cima del poder, le hará caso.

Posted in La columna de Miguel Guerrero

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