Por: Eddy Alcántara
La seguridad ciudadana en la República Dominicana no consiste solamente en obtener datos estadísticos para conocimiento de la población. También exige entender la conexión entre el crimen organizado y el delito común, dos expresiones de una misma amenaza que perturba la tranquilidad de las familias y la paz social.
El abordaje de este flagelo debe partir de una premisa innegociable: la protección ciudadana y el derecho a vivir en paz tienen que estar por encima de las garantías de derecho de quienes delinquen. Debe existir un temor real a infringir la ley y un respeto absoluto a las autoridades encargadas de vigilar, perseguir y sancionar las conductas delictivas.
A mi juicio, en los últimos años, ese temor se ha debilitado en nuestro país por la adopción de disposiciones excesivamente garantistas que, al dejar amplios espacios para evadir las consecuencias del delito, terminan favoreciendo a quienes hacen de la transgresión su modo de vida. Hemos llegado al extremo de que el sistema parece priorizar el debido proceso del victimario sobre la vida y los bienes de la víctima.
A esto se suman las severas limitaciones impuestas a la actuación de quienes reciben un salario del Estado dominicano para perseguir a los infractores y proteger a la población. Hay que resaltar que la combinación de normas débiles, un garantismo desproporcionado y fallas institucionales abre brechas para la repetición de hechos delictivos. Así, un criminal puede volver a las calles amparado en tecnicismos legales aun después de haber sido detenido, mientras la ciudadanía continúa expuesta y desprotegida.
Por eso, la respuesta debe recuperar un principio fundamental para cualquier sociedad civilizada: el temor a violar la norma. La certeza de que habrá consecuencias drásticas es necesaria para preservar la seguridad ciudadana, la cual debe ser el bien jurídico supremo a tutelar en nuestro Estado de derecho.
Considero, además, que debe discutirse una reforma profunda de la propia Constitución de la República y de las normas procesales penales. El objetivo central de esta revisión debe ser establecer claramente que los derechos y garantías del delincuente jamás pueden sobreponerse al derecho a la seguridad de la colectividad.
En ese debate debe tenerse presente que quien recibe recursos públicos para proteger, investigar o sancionar, y traiciona deliberadamente esa responsabilidad, merece un castigo más severo por el daño añadido que causa a la sociedad.
También entiendo que deben cerrarse las oportunidades de revisión que, escudadas en la “garantía de derechos”, se convierten en brechas para devolver reiteradamente la libertad a quienes han sido encontrados responsables de acciones que afectan la paz social. Hay que evitar que estos mecanismos faciliten la reincidencia y terminen debilitando la protección del interés colectivo.
En medio de esta situación, ambos aspectos deben abordarse de manera conjunta: el temor a infringir las normas y el respeto a las autoridades. Quien no se detenga ante la prohibición legal debe saber que encontrará una intervención firme y contundente de los organismos responsables de hacerla cumplir.
Las acciones violentas de quienes delinquen no pueden recibir como única respuesta de los tribunales la invocación de garantías procesales, mientras la protección del ciudadano pacífico queda relegada. A mi entender, el Estado dominicano no puede darle el mismo tratamiento a quien mantiene una convivencia respetuosa de las normas y a quien decide quebrantarlas mediante el robo, la sangre y la violencia.
Tampoco resulta razonable que las autoridades encargadas de perseguir el delito queden atadas de manos por trámites, plazos y un exceso de garantías que dificulten actuar frente a personas dispuestas a quitarle la vida a un ciudadano de bien para consumar sus hechos.
La delincuencia debe enfrentarse con contundencia desde los organismos de investigación y persecución hasta las instituciones encargadas de juzgar y sancionar. Esa responsabilidad también alcanza a quienes diseñan políticas públicas. Cada uno debe cumplir su función para devolverle la tranquilidad a la población y dejar claro que, en la República Dominicana, la seguridad de la gente de trabajo siempre pesará más que los privilegios legales de quienes delinquen.
