La Suprema Corte de Justicia está en el centro del debate desde que el pasado 14 de este mes anunció la política de protección de datos en todo el sistema judicial. Por la reacción de rechazo que ha cosechado la medida desde la Sociedad Dominicana de Diarios, y el Colegio Dominicano de Periodistas hasta Participación Ciudadana, se evidencia que el tema no agotó el debate previo que necesita una política de esa envergadura.
En las respuestas del presidente de la SCJ ante las críticas se descubre la contradicción sobre el proceso de consulta que se debió agotar. En una publicación en su blog personal del 22 de este mes, Luis Henry Molina, señala lo siguiente: “Conviene señalar además que el texto, que agotó un proceso de consulta pública en los meses de diciembre 2023 y enero de 2024, responde a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Red Iberoamericana de Protección de Datos”.
En ese escrito afirma que se agotó el proceso de consulta. Sin embargo, en una comunicación dirigida a la Sociedad de Diarios el 19 de este mes señala: “Esta es una gran oportunidad para que la Sociedad Dominicana de Diarios y el Poder Judicial inicien un proceso de diálogo abierto para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. En tal sentido, nos gustaría invitarles, desde esta misma fecha a reunirnos con ese fin”.
Cómo es que el presidente de la SCJ afirma que se agotó un proceso de diálogo entre diciembre de 2023 y enero de 2024, y ahora dice que invita a la Sociedad de Diarios y al Poder Judicial a que “inicien un proceso de diálogo abierto”.
La Sociedad de Diarios no fue consultada en la ronda de diálogos referidos sobre el tema, o simplemente participó para agotar un proceso, es decir, para oír, no para escuchar.
Con la política de protección de datos de la SCJ pasó igual que con la Ley de la DNI, 1-24, primero se aprueba y entra en vigencia y luego se dialoga. La lógica del consenso y la buena gobernanza manda a que se dialoga primero y luego se aprueba y aplica, no al revés.
