La JCE revisó la controversial resolución 13. El resultado fue una nueva decisión con el número 14 que trajo una fórmula salomónica que dejó a todos los partidos contentos y la JCE apagó el fuego que la estaba quemando por casi dos semanas.
En la resolución 14-23, el pleno del organismo, establece en el párrafo dos que “las alianzas y coaliciones electorales podrán pactarse para las candidaturas en uno, varios o todos los niveles de elección; en una, varias o todas las demarcaciones electorales en conformidad con el artículo 136 la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral”.
Dice además, que las reservas de candidaturas podrán utilizarse para cederlas en los pactos de alianzas, lo que no implica que limitará la posibilidad de pactar alianzas de las organizaciones políticas.
Por la reacción de los críticos más duros de la resolución 13, la FPN y el PLD, y que, de inmediato, ninguno de los actores políticos se ha quejado, entonces parece que la JCE la pegó.
Hay que ver si en lo adelante, cuando se aplique la fórmula aprobada, no trae nuevos problemas. La receta que curó el malestar que se generó entre la JCE y los partidos, fue del Partido Reformista, el más veterano de todos en materia de desatar nudos políticos y sacar beneficio. Los partidos lograron la extensión del plazo para depositar las plazas reservadas.
Voto disidente
La integrante titular de la JCE, Dolores Fernández, volvió a emitir un voto disidente a la nueva interpretación que hizo la JCE del artículo 58 de la ley 33/18. Aunque no lo dice así, en el fondo es eso, buscó una fórmula para apagar el fuego que le mandaron los partidos de oposición.
En su escrito Fernández reiteró que al responder el recurso de reconsideración que presentaron varios partidos, el pleno de la JCE no debió hacer otra cosa que interpretar como corresponde los artículos 57 y 58 de la ley 33/18. y aplicar la reserva del 20% nacional.
“No se debe acoger sin más interpretación que la voluntad expresa del legislador respetando el principio de autodeterminación y autorregulación que les confieren la Constitución y las leyes a las organizaciones políticas en mira de garantizar su democracia interna”, apunta Fernández.
