La raya de Pizarro de la democracia dominicana: por primera vez, la justicia alcanza al poder

Jean Luis Rodríguez
Especial para elCaribe
La vida democrática de las naciones se define por los momentos en que el poder decide someterse, sin reservas, al imperio de la ley. La República Dominicana atraviesa hoy uno de esos instantes decisivos: por primera vez en su historia contemporánea, un gobierno permite que la justicia alcance a sus propios funcionarios sin interferencias, sin privilegios y sin componendas. Este hecho marca un punto de inflexión institucional que redefine la relación entre el poder y el Estado de derecho.

Durante décadas, la lucha contra la corrupción fue invocada con solemnidad mientras la impunidad se administraba con método. El Ministerio Público, lejos de ser un órgano independiente, operó como una extensión del poder político, subordinado en la práctica a los intereses del Comité Político del entonces partido gobernante. Las denuncias se acumulaban, pero las consecuencias jamás alcanzaban a las altas esferas del poder. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana consolidaron así un esquema donde las grandes acusaciones nunca derivaron en procesos judiciales efectivos, lo que erosionó la confianza pública y debilitó la credibilidad institucional.

Ese tiempo ha quedado atrás. Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, el Estado dominicano ha iniciado un proceso profundo e irreversible de institucionalización. La independencia del Ministerio Público ha dejado de ser una proclama formal para convertirse en una realidad verificable. Las investigaciones avanzan sin tutelas, sin líneas partidarias y sin deferencias al poder, incluso cuando alcanzan a funcionarios en ejercicio.

Hoy, ante este nuevo tiempo, la oposición pretende descalificar estos avances hablando de “justicia selectiva”. Sin embargo, los hechos desmienten ese argumento. Lejos de debilitar al Estado, este ejercicio de independencia lo fortalece. Las democracias maduras no temen a la justicia: la consagran. Solo donde la ley actúa con libertad existe verdadera estabilidad institucional, confianza ciudadana y respeto internacional. La fortaleza de un gobierno no se mide por la protección de los suyos, sino por su decisión de no interferir en la acción de la justicia.

La República Dominicana ha cruzado un umbral histórico. Se cierra una etapa en la que la justicia respondía al poder político y se inaugura un tiempo de responsabilidad republicana. La impunidad deja de ser cultura y la institucionalidad se erige como norma. La raya de Pizarro ha sido trazada con claridad y sin retrocesos: por primera vez, el poder ha decidido obedecer a la ley.