Continuando con el tema que nos ha ocupado en estas semanas, en la República Dominicana, sólo algunos centros médicos cuentan con el servicio especializado en esta área, lo que evidencia una cobertura insuficiente frente a la demanda. Yolanda María Matero Urbano, en un artículo publicado en El Caribe el 17 de julio de este año, expresa que el país dispone de más de tres mil psicólogos y alrededor de 160 psiquiatras, distribuidos en centros de segundo y tercer nivel de atención, para ofrecer asistencia a quienes los necesitan.
Si tomamos en cuenta que casi el 17% de la población presenta algún padecimiento relacionado con la salud mental, es evidente la necesidad urgente de descentralizar los servicios y fortalecer el sistema en esta área.
Por otro lado, las personas que padecen enfermedades mentales siguen siendo discriminadas debido a la falta de conciencia social, lo que las lleva a la marginación, no solo en el ámbito social, sino también en el familiar. Por esta razón, es importante reflexionar cada día sobre su derecho a vivir con dignidad y acceder a la atención que merecen.
La salud mental ante este panorama continúa siendo un desafío pendiente que requiere más compromiso político y social. Se debe integrar de manera efectiva en la agenda nacional. Es una tarea urgente para garantizar el respeto a la dignidad humana y el derecho a la salud de toda la ciudadanía.
Tenemos la Ley No.12-06 sobre salud mental, pero es necesario que se le dé cumplimiento. Que se logre transformar el modelo de atención, que se le otorgue un verdadero respaldo presupuestario y ya para este tiempo que nos toca vivir, es indispensable y casi obligatorio que nos aboquemos a su actualización.
La salud mental no puede seguir siendo un lujo de pocos ni una atención reservada solo para las grandes ciudades. Hago un llamado a que, especialmente en este mes de octubre, pongamos atención a esta realidad, pues la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas es un derecho humano fundamental, y por tanto inalienable.
