A lo largo de la historia, toda sociedad organizada ha estado acompañada de mecanismos de control y normas que delimitan lo que se puede o no se puede hacer. Estas reglas no surgen por capricho, sino como instrumentos fundamentales para garantizar la convivencia, evitar el caos y alcanzar la tan anhelada paz social.
Desde las primeras civilizaciones como la Mesopotámica, la Egipcia, la China o la del valle del Indo se establecieron códigos normativos. Un ejemplo claro es el Código de Hammurabi, una de las leyes escritas más antiguas, que buscaba establecer justicia y orden en la antigua Babilonia. Estas normas eran reflejo de las costumbres y necesidades de su tiempo, y eran el resultado de procesos culturales que requerían acuerdos para convivir.
Así ha funcionado siempre la evolución jurídica: las leyes se crean a partir de la experiencia colectiva, las costumbres y los acontecimientos sociales que presionan a los Estados a legislar con responsabilidad y visión de futuro.
Hoy, uno de los fenómenos más influyentes que no existía hace apenas 20 años son las redes sociales y los medios digitales. Su impacto en la comunicación, la opinión pública y hasta en la gobernabilidad es tan fuerte que su regulación ya no es una opción, sino una necesidad. Aunque regular en tiempos de redes sociales es un gran reto para cualquier Estado, precisamente por su influencia directa en las decisiones de gobierno, esto no debe impedir que se actúe.
Si realmente aspiramos a vivir en una sociedad democrática, debemos asumir las responsabilidades que esto conlleva. No se trata de retroceder, sino de evolucionar con reglas claras que protejan derechos y promuevan el orden. Porque el derecho no es estático: evoluciona al ritmo de los cambios sociales, culturales y tecnológicos. El legislador, por tanto, tiene la obligación de adaptar el marco jurídico a las nuevas realidades.
¿Y por qué ahora sí y antes no? Porque el derecho, como reflejo de la conducta humana, responde a su tiempo. Lo que no era necesario ayer, hoy puede ser urgente. Por eso, legislar sobre las nuevas conductas y tecnologías no es una reacción exagerada, sino una responsabilidad.
El Estado debe seguir siendo garante de la paz social en el presente y custodio de un futuro ordenado. Si no lo hace, las generaciones venideras juzgarán con dureza a quienes tuvieron la oportunidad y no actuaron.
Por Welinton Félix Grullón Mercedes
